Encuentro federalista

Golpe a golpe

 

 

+ Gobernadores irían por más recursos para el 2021 pero ‘el reloj los limita’

+ En la reyerta con el Presidente cuatro mandatarios actúan por ir de salida

+ Obsolescencia del Pacto Fiscal Federal, desde hace tiempo fue advertida

 

Por Juan Sánchez-Mendoza

 

Aún no hay fecha para la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de la Alianza Federalista. Y eso prácticamente imposibilita a los mandatarios obtener más recursos presupuestales para el ejercicio 2021, considerando que sólo faltan 14 días para vencer el término, constitucional, en que debe votarse el dictamen respectivo.

Por eso apuran que el encuentro se dé a la brevedad.

No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal atiende sus propios tiempos. Y, aunque de entrada ya aceptó dialogar con ellos, respecto a la necesidad de revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, nada ha comentado en relación a su petición de asignarles mayores recursos del PEF o apoyos especiales con motivo de las crisis sanitaria y económica.

El tema de fortalecer el Pacto Federal obviamente irá implícito en esas pláticas, donde ‘la politiquería’ y asuntos partidistas quedarían al margen. A condición del jefe del Ejecutivo Federal, que han aceptado los mandatarios, pues su propósito es, según el documento firmado por ellos, cerrar filas con México. “No queremos división, sólo un trato justo y equitativo”, han dicho.

Esto derivado de las descalificaciones mutuas entre el Presidente y los diez mandatarios estatales agrupados en la Alianza Federalista, quienes en principio amagaron con salirse del Pacto Federal, aunque, inmediatamente, corrigieron (los más): “Del Pacto Fiscal”.

Como usted seguramente sabe, esos 10 mandatarios renunciaron a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hace meses –siendo ésa su organización más representativa–, por lo que ahora grupalmente exigen ser atendidos por el Presidente, aun cuando cuatro de ellos dejarán el cargo el año próximo.

Son: Javier Corral Jurado (Chihuahua), José Ignacio Peralta Sánchez (Colima), Silvano Aureoles Conejo (Michoacán) y Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León).

Quizá por eso no reparan en las consecuencias de su arrojo.

En consecuencia, para darle seguimiento a la adecuación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, deberán aplicarse a fondo Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes), Miguel Ángel Riquelme Solís (Coahuila) –por cierto, el más bravucón, quizá por los más recientes resultados electorales–, José Rosas Aispuro (Durango), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco) y Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas).

Así que el encuentro esperado quizá no arroje mejoras al presupuesto para las entidades, pero sí quizá el principio de un nuevo reparto.

 

Federalismo arcaico  

El sistema político mexicano ha hecho del federalismo su razón de ser.

Y cada uno de sus 32 integrantes está obligado a respetar los acuerdos suscritos en 1824, cuando México se definió constitucionalmente como un país federal; amén de los acuerdos posteriores que se dieron en el mismo sentido.

Sus representantes –o sea los gobernadores–, saben bien que este sistema de gobierno es el resultado de grandes confrontaciones armadas y acalorados debates.

Durante ese tiempo las disputas se han dado en diversos escenarios: primero por la vía de las armas, al enfrentarse las corrientes federalistas y centralistas durante el siglo XIX; y posteriormente en la época del porfirismo, cuando la lucha por el poder surgió hacia el interior de ése sistema autoritario que presentaba la paradoja de un federalismo formal y una práctica centralista.

Esta anomalía, sin embargo, no acabó con la caída del dictador, sino que encontró las condiciones favorables para reproducirse a lo largo del siglo XX y XXI, pues cada presidente de la República hizo cuanto le fue posible para tener mayores facultades en perjuicio de las entidades federativas.

Un documento elaborado por la misma Federación, refiere que “desde su origen el federalismo mexicano tuvo por objetivo unir sin fusionar, y diferenciar sin dividir”.

Es decir, que la primera Constitución de la República –elaborada en 1824–, estableció el régimen federal y otorgó facultades tanto a la Unión como a los estados, a fin de que cada uno procurara, en su ámbito de competencia, la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes.

Hacia 1847 se propuso delimitar la competencia tanto del poder federal como del estatal, a fin de evitar la invasión de facultades que lo mismo atentaba contra la soberanía de las entidades como amenazaba la Unión.

Finalmente prevaleció el planteamiento de que los poderes federales debían circunscribirse sólo al ejercicio de las facultades que de manera expresa les otorga la Carta Magna.

Luis Pineda y M. Alberto Mendoza G. son dos estudiosos del tema. Y sobre éste han escrito:

“El federalismo mexicano está inspirado en el modelo centralista español, y en la integración de los Estados Unidos de América…

“Es un sistema de gobierno que tiene como objeto principal formar una nación única… su forma de gobierno es de tipo presidencial, porque el presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo… la Constitución le otorga más facultades que a los otros poderes…”

 

Coordinación fiscal  

En un documento elaborado ex profeso, los investigadores Pineda y Mendoza citan:

“A lo largo de su historia y durante los últimos años, aproximadamente, el federalismo había estado cumpliendo con sus objetivos de mantener la articulación de las entidades federativas y conducir al país hacia un modelo de desarrollo

“El federalismo encuentra su mecanismo de expresión a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que es el arreglo entre los distintos órdenes de gobierno para la administración, cobro y recaudación de los ingresos públicos.

“Este sistema funcionó de acuerdo a la dinámica del país; fue el que permitió la época del crecimiento y el desarrollismo, ya que el Gobierno Federal era el más eficaz para cobrar la mayor parte de los impuestos.

“Su antecedente se encuentra en las Convenciones Nacionales Fiscales de 1927, 1933 y 1947; ahí se estableció la mejor manera de organizar los recursos económicos del país. Recordemos que México venía saliendo de la Revolución y sus secuelas, donde cada estado establecía sus impuestos; sus alcabalas y un exceso de papel moneda circulaba ‘locamente’. Era la época de las garitas estatales, donde cada entidad federativa establecía y cobraba sus propios impuestos. Existían, además, ejército y fuerzas armadas regionales.

“Es a raíz de estas convenciones y con la SNCF que se inició un proceso de armonización. En un primer momento de los municipios con su estado, y posteriormente de las entidades con la Federación. Esto obedeció a un momento en que era importante lograr la unidad como nación, e implicó un fuerte centralismo que caracterizó el siglo pasado, y que determinó que los impuestos más importantes los aplicara la federación”.

Sobre el particular, un análisis presentado ante los gobernadores y el jefe del Ejecutivo Federal, confirma que “antes de la aparición de los primeros antecedentes claros de la coordinación fiscal, la situación existente en esta materia en México se caracterizaba por la multiplicidad de tributos federales, estatales y municipales; la complejidad del sistema tributario; la existencia de leyes fiscales a menudo contradictorias, y las exacciones desproporcionadas e inequitativas en gravámenes concurrentes.

“Para corregir esta situación –agrega el documento–, se realizaron inicialmente las Convenciones Nacionales Fiscales.

“Éstas constituyeron un esfuerzo de unión, de colaboración y de ordenamiento de la concurrencia y las potestades tributarias, orientado a pactar acuerdos entre los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal, así como para compartir el rendimiento de los impuestos.

En México la coordinación fiscal se ha centrado fundamentalmente en el aspecto del ingreso. Sin embargo, en la última década se iniciaron procesos de descentralización del gasto federal en educación y salud, transfiriéndose recursos a los estados con facultades limitadas, en un modelo centralista e insuficiente que no responde a las necesidades actuales.

 

¿Nuevo sistema federal?  

Para algunos estudiosos del tema es necesario realizar una serie de ajustes profundos que permitan al país adaptarse a una nueva realidad para así lograr un desarrollo incluyente y equitativo.

Pero no es idea original del actual Presidente.

En los últimos años, académicos, investigadores, especialistas, luchadores sociales, miembros de organismos no gubernamentales, funcionarios de gobierno y viejos constitucionalistas han investigado, denunciado, cabildeado y luchado por la redefinición de un federalismo acorde a los tiempos modernos que implique la revaloración de los órdenes y estructuras de gobierno, redefina su autonomía y libertad, fomente la asociación entre todos los órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, para que México se convierta en una verdadera República con poderes definidos en el ámbito local, regional, estatal y federal, y con una personalidad que impulse el desarrollo.

Esta lucha por un auténtico federalismo otrora estuvo encabezada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aun cuando desde su nacimiento haya encontrado serios obstáculos por parte del gobierno federal; y esa batalla hoy parece estar perdida (más para mal que para bien), pues al Presidente tampoco le interesa sentar bases reales para la redacción de una nueva Carta Magna que conlleve a la renovación del Pacto Federal.

De cualquier forma hoy la batalla parece estar perdida más para mal que para bien, pues Andrés Manuel López Obrador no sólo recorta recursos a su libre arbitrio, sino que igual busca imponer más y mayores impuestos a empresas con el rollo de que aplicándolos habría menos pobres.

Y a esa maniobra, sus panegiristas podrían llamarla un ‘nuevo pacto fiscal’.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

 

 

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