¿Derroche electoral? 

Golpe a golpe 

 

¿Derroche electoral? 

+ El INE asoma carencia de recursos humanos para fiscalizar campañas 

+ Al través de redes sociales, aumenta la desacreditación de candidatos  

+ En redes sociales, crece agresión contra aspirantes a cargos electivos 

 

Por Juan Sánchez Mendoza 

 

Al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) poco parece interesarle el gasto excesivo que en campañas hacen los partidos Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) –integrantes de la alianza ‘Va por México’–, pues tiene como propósito acabar con la mentada Cuarta Transformación. 

De paso con los membretes que le son afines en la coalición ‘Juntos hacemos historia’: Movimiento Regeneración Nacional (morena), partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).  

Más ahora cuando él, Lorenzo Córdova Vianello, enfrenta acusación abierta por ser parcial (junto con su séquito de consejeros electorales) en la aplicación reglamentaria. 

Por eso la Unidad Técnica de Fiscalización donde también él manda a través de Jacqueline Vargas Arellanes, asignó poco personal para ir en pos de información sobre los gastos de campaña de ‘Va por México’ y un mayor número a la inspección de todas y cada una de las actividades del ejército morenista. 

Obviamente, en búsqueda de yerros para amonestarlos. 

De cualquier forma, son pocos para inspeccionar el proselitismo que realizan los miles de candidatos guindas en todo el país, considerando a: 1) quienes van por las 300 diputaciones federales de mayoría relativa; 2) las 15 gubernaturas en juego; 3) los miles de ayuntamientos; y 4) curules locales, que también son un chingo. 

  

Caso Tamaulipas 

Según ha reconocido la consejera presidente del Consejo estatal del INE aquí en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, sólo hay 30 inspectores para registrar el gasto económico en las campañas. 

 O sea, ni siquiera para cubrir (puntualmente) las actividades diarias de los 74 candidatos a diputados federales; y menos de los 194 que van por curules locales de mayoría relativa o de los cerca de 400 que buscan las presidencias municipales en juego. 

Empero, arguye: “cualquier persona que trabaje en el INE los puede auxiliar en tareas específicas; los inspectores se mueven por todos lados recabando información para contrastarla con lo que registran los partidos y candidatos”. 

Además, señala: “Se recolectan ejemplares de lo que los candidatos entregan, aunque la regla dice que deben ser de manera textual; a veces se tienen ejemplares para conocer el material, o se hacen requerimientos a proveedores. 

“Es una verificación muy completa de lo que se usa en campaña; de lo que se gasta en los eventos. Inclusive, si no reportan todos los gastos, nosotros lo podemos detectar; hacemos cruces y solicitudes de información con proveedores; incluso verificando las redes sociales”, dijo al corresponsal de Milenio (en Ciudad Victoria), Antonio Hernández, hace unos días. 

Ello significa que la fiscalización de los gastos de campaña sería por demás inútil y/o convenenciera (para el INE), pues al contar con sólo tres decenas de inspectores en todo Tamaulipas, la ‘inspección’ sería materia de controversia. 

Sobre todo, porque ante cualquier sanción al respecto se recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la ausencia de inspectores calificados. 

Y es aquí, precisamente, el vacío que aprovechan los candidatos del PAN y morena (junto a sus aliados) para ‘echarle toda la carne al asador’ violentando el marco legal. 

Al menos así se ha visto en los nueve distritos electorales federales; en los 22 locales y en municipios como Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Madero, Altamira y Tampico, por citar sólo a los siete con mayor explosión demográfica. 

¿Y tendrá el INE capacidad para comprobar que el gasto económico de las campañas ya fue excesivamente rebasado por algunos aspirantes a las posiciones en disputa no sólo del albiceleste sino también por parte de morena? 

Obviamente, no. 

Y es que, presumo, los 30 inspectores son asalariados cubriendo un turno de ocho horas laborables, como marca la ley; y no les pagan horas extras por su servicio. 

Cada uno de ellos debe examinar diversas zonas, requiriendo por lo menos vehículos y combustible para llegar a los eventos; alimentación y hospedaje, teléfonos celulares y equipo de cómputo. 

Entonces, ¿dónde está el piso parejo que tanto cacarea ‘Lencho’? 

Lo pregunto porque a simple vista se aprecia derroche en la compra de artículos promocionales (gorras, camisetas, banderines, despensas y calcomanías, entre otros), por parte de algunos candidatos, que también pagan por la movilización de las brigadas de impacto, tinacos para agua, despensas y materiales de construcción o apoyos a dirigentes partidistas seccionales. 

El límite de gastos de campaña está regulado, cierto es. Pero de ahí a que todos los candidatos respeten el ordenamiento hay todo un mar de diferencia. 

Y hay ejemplos claros en todo el territorio estatal, notándose más en las siete demarcaciones consignadas líneas arriba. 

Por ello insisto: la fiscalización del INE mal se ejecuta por carecer de elementos humanos suficientes para inspeccionar a profundidad el gasto de campaña de cada uno de los candidatos. 

Así que las sanciones por exceder el límite serían cuestionadas. 

 

Desacreditación 

Mucho se ha abusado de la libertad de expresión en las redes sociales; y esto lleva al libertinaje, permitiendo la desacreditación infame de mujeres y varones que contienden por un cargo de elección popular. 

Sin embargo, las agresiones contra políticos no son cosa nueva. Las hemos leído en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok y demás aplicaciones (cotidianamente) desde que inició el período presidencial de Andrés Manuel López Obrador. 

Pero cada día aumenta más esa agresividad e intromisión en la vida privada de los personajes en comento como de todo ciudadano, simple y llanamente porque hay quienes no los ‘tragan’ o algún pendiente tuvieron en su relación de cualquier tipo.  

La constante es que se hace a través de bot’s –aféresis de robot’s–, y por tanto es difícil localizar al autor o los autores, que cobardemente se escudan en el anonimato, para contestarles y/o proceder judicialmente al respecto. 

En este caso no acuso ni defiendo a nadie en lo particular. 

Sólo quiero dejar constancia de mi inconformidad, encabronamiento, porque ese libertinaje que se utiliza en las redes sociales mengua más la credibilidad hacia los medios de comunicación masiva, aun cuando estos son ajenos al tema. 

En fin, allá los aludidos sabrán en quiénes confiar y en quiénes no al apostarle a las redes sociales como el mejor vínculo para atraer votos. 

Pero ni así dejan de apostarle a este conducto en su promoción. 

Correo: jusam_gg@hotmail.com 

 

Caminante no hay camino 

El homicidio de Francisco Gerardo Rocha Chávez ‘El Batata’, acontecido en la víspera en Ciudad Victoria (Tamaulipas), según la Fiscalía estatal y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –que lo postuló candidato a la diputación local por el XV distrito electoral–, no debe politizarse. 

Es decir, ambos organismos descartan que el crimen tenga relación con su actividad político-electoral. 

De cualquier forma, su ejecución causó tristeza en el medio del futbol llanero –que el difunto tanto procurara–, pues éste, siendo integrante del equipo Correcaminos en otra época, jamás abandonó a su tierra ni a su gente. 

Considero, por tanto, que descalificar a priori el aspecto político del personal en la comisión del homicidio, es irresponsable, pues primero se debieron realizar investigaciones. 

 

Se hace camino al andar 

En un tema coinciden los doce candidatos a la Presidencia Municipal de Victoria: la necesidad de construir una segunda línea del acuaférico para garantizar el abasto del líquido vital a los más de 400 mil habitantes. 

Cada uno trae sus propias cifras de inversión que van desde los 250 millones de pesos hasta los 2 mil 500. 

¿Pero cómo gestionarlos? 

Hay candidatos que se vanaglorian de tener vara alta en el Gobierno federal para tramitar esos recursos; y otros más recatados le apuestan al arribo de sus compañeros a la Cámara de Diputados, para gestionar esta obra. 

Como sea, unos y otros, saben que la prioridad en esta capital ¡es el agua! 

Así, caminando juntos, sería posible. 

 

Cicuta 

La semana que mañana inicia será crucial para Tamaulipas, ya que en la Cámara de Diputados la Sección Instructora ofrecería su dictamen sobre la solicitud para desaforar al mandatario estatal. 

En caso de ser procedente, se llevaría al pleno antes del 30 de abril, cuando concluye el período ordinario de sesiones. 

De otra forma habría que convocarse a sesión extraordinaria. O bien dejar pendiente el asunto. 

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