omisión criminal al dejar sin protección y asistencia a estos migrantes, 90 por ciento integrado por familias y casi una tercera parte niños y niñas.
Y peor aún, al echar mano a todo tipo de presiones, amenazas y acciones directas para hacer más arduo el avance de estas víctimas, expulsadas de sus países por la violencia. El gobierno mexicano ha fallado en implementar un modelo eficiente de intervención para dar la debida atención humanitaria a estos ciudadanos
, que cumplen ya 15 días de recorrido por territorio mexicano en condiciones de extrema precariedad.
Peimbert y el equipo de la defensoría oaxaqueña asistieron y observaron el tránsito de la caravana desde el momento en el que la columna humana dejó territorio chiapaneco para entrar a Oaxaca y hasta su salida hacia Veracruz.
Hubo un momento, relató, en el que se abrió la oportunidad de agilizar y humanizar el camino del éxodo con la disponibilidad de autobuses para trasladarlos.
Fue en Juchitán, donde la caravana permaneció dos días reorganizando su ruta. Con la intervención de diversos actores, entre ellos universidades e iglesias de Oaxaca, se había apalabrado el uso de 70 autobuses. Según un censo que levantó la DDHPO en Arriaga, una estación antes, había poco más de 7 mil 300 personas.
Pero funcionarios del gobierno federal, y esto me consta, hicieron insistentes llamadas telefónicas a los dueños de las empresas de transportistas oaxaqueños. Los presionaron, incluso los amenazaron con acusarlos de tráfico de personas y de quitarles las concesiones si cedían sus unidades. Les advirtieron que incluso corrían peligro, ya que entre los centroamericanos supuestamente vienen pandilleros, cosa que hasta ahora no se ha demostrado. Y al final, anoche los transportistas cedieron y se negaron a facilitar los autobuses. Así, dieron la espalda a estas 7 mil personas.