Macri autorizó a fuerzas del orden de Argentina disparar por la espalda

Buenos Aires. A poco menos de dos dí­as de terminada la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20) el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, autorizó a los agentes de las fuerzas federales de seguridad usar armas letales para disparar por la espalda ante la fuga de quien haya cometido delito, quien represente un peligro o de quien se sospeche que pueda serlo, sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa, lo que fue denunciado aquí­ como una ley para matar con impunidad.

El Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego publicado este lunes en el Boletí­n Oficial, que violenta el Código Penal, fue firmado el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para entrar en vigor dos dí­as antes del comienzo de la Cumbre del G-20, que transcurrió aquí­ el 30 de noviembre y el primero de diciembre, y se dijo que iba a ser transitorio.

Dispone además que el uso de armas letales es válido en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves o para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad fí­sica de las personas.

El artí­culo segundo del reglamento determina que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. La disposición, que deroga cualquier otra anterior que contravenga la actual, autoriza a disparar –como lo hizo el policí­a local Luis Chocobar– contra quien se fugue luego de haber causado, o de haber intentado provocar muertes o lesiones graves.

Pero nadie explica cómo se sabe si alguien intenta provocar lesiones graves, ya que esto libera de toda responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad.

El caso Chocobar impactó en el paí­s, ya que este policí­a disparó y mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, de 19 años, quien huí­a de un asalto a un turista herido por otro delincuente. Esto ocurrió en diciembre de 2017 y mintieron las autoridades de Seguridad y la mayorí­a de los medios masivos que responden automáticamente al gobierno, diciendo que el joven huí­a con un cuchillo en la mano, que nadie vio. Ante la demanda de la madre del joven y de otros organismos, el presidente Macri decidió recibir como héroe al policí­a Chocobar junto a la ministra de Seguridad.

A partir de entonces han sido ejecutados de la misma manera varios jóvenes en distintas circunstancias, incluso por equivocación o por sospechas. Uno de ellos, el mapuche Rafael Nahuel, muerto en Rí­o Negro en noviembre de 2017, quien no portaba armas y fue literalmente asesinado por la espalda cuando huí­a de agentes de la prefectura que entraron a reprimir para desalojar familias de esa etnia de sus tierras.

A pesar de todas las pruebas, la ministra Bullrich calificó a los mapuches de terroristas y defendió a la prefectura; hasta hoy no se ha hecho justicia.

El dí­a antes de comenzar la Cumbre del G-20, el juez Guillermo Lleral, quien llevaba la causa sobre la desaparición y asesinato del joven artesano Santiago Maldonado en la provincia de Chubut el año pasado, dio por terminada la investigación y cerró el juicio, atribuyendo la muerte a un conjunto de incidencias, por lo que no señaló a nadie como responsable.

Nada decí­a que esto sucedió en el contexto de una brutal represión de casi cien gendarmes contra un grupo de siete mapuches, a los que solidariamente Maldonado acompañaba en su protesta, ya que querí­an sacar a su comunidad de sus tierras ancestrales para favorecer a empresas extranjeras en el lugar. Maldonado fue perseguido por gendarmes hasta un rí­o cercano y estuvo desaparecido durante 80 dí­as. Curiosamente apareció muerto en el mismo rí­o, que fue rastrillado varias veces.

Pero lo más grave es que el juez Lleral se comunicó con la madre de Maldonado para adelantarle el fallo y le confesó que habí­a sido duramente presionado para cerrar la causa.

Todo esto sucedí­a en medio de la cumbre, y los organismos de derechos humanos denunciaron a la ministra Bullrich, quien desde el primer momento defendió a la gendarmerí­a, mientras funcionarios de seguridad presionaron al primer juez de la causa que debió apartarse.

Frente a las demandas de los organismos humanitarios, Aministí­a Internacional advirtió que en el fallo no figura el contexto en que se produjo la desaparición de la ví­ctima ni las circunstancias. Por otra parte, se pide aquí­ la renuncia de Bullrich y analistas destacan la constante acción del gobierno de Macri sobre la justicia y los jueces.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como autora intelectual del cierre de la causa: “Desde que asumió no hace más que tratar de exculpar a quienes cometieron delitos graví­simos.

Que un juez diga que por presiones tuvo que resolver en favor de la impunidad nos deja en el desamparo institucional ante cualquier operativo represivo de este gobierno, denunció la agrupación H.I.J.O.S. de desaparecidos.