Nicaragua cumple 8 meses en la crisis polí­tica y social más grave en 40 años

Con patrullajes policiales en las calles de Managua, amenazas y detenciones de periodistas crí­ticos al gobierno y el repentino cierre de nueve ONG acusadas de terrorismo, Nicaragua cumple este martes ocho meses inmersa en la más grave crisis polí­tica y social de los pasados 40 años.

Quien haya conocido el paí­s en los años recientes no lo reconocerí­a ahora: universidades cerradas, restaurantes vací­os, ausencia de turistas y la prohibición de cualquier marcha o movilización opositora por parte de la policí­a, que vigila dí­a y noche el paí­s  con uniformados y agentes de civil conocidos como paramilitares.

Según el sector privado, que respaldó las protestas que estallaron el 18 de abril contra el gobierno de Daniel Ortega, más de 7 mil empresas han cerrado y enviado al desempleo a decenas de miles de personas, especialmente en áreas como turismo, construcción e infraestructura, debido a la estrepitosa caí­da de la inversión externa.

Estamos al borde de una catástrofe económica, dijo hace unos dí­as el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, hasta hace ocho meses uno de los más fuertes aliados de Ortega en el sector.

Los empresarios tomaron distancia del gobierno tras la publicación de una reforma unilateral al sistema de seguridad social, y se plegaron al movimiento cuando los estudiantes empezaron a morir bajo las balas frente a dos universidades de Managua, como parte de la inimaginable respuesta policial a las primeras protestas.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 325 personas murieron –entre ellas 29 niños– y 3 mil más resultaron heridas desde el 19 de abril, en su gran mayorí­a jóvenes, si bien el gobierno reconoce 198 muertos. Se reportan además unos 600 detenidos y más de 52 mil emigrados, la mayorí­a refugiados en Costa Rica.

La CIDH, dirigida por el brasileño Paulo Abrao, mantiene en Managua un equipo de trabajo que no se da abasto para documentar denuncias de violación a derechos humanos, concentradas ahora en la prensa independiente y las ONG.

En las pasadas dos semanas, el Parlamento de mayorí­a sandinista canceló el permiso legal para funcionar a nueve ONG, incluyendo el conocido Centro Nicaragí¼ense de Derechos Humanos, fundado hace 29 años, y el Centro de Investigaciones de la Comunicación, vinculado al conocido periodista Carlos Fernando Chamorro.

Los edificios de ambas entidades fueron asaltados y saqueados por la policí­a en operativos nocturnos simultáneos.

Igual suerte corrieron las oficinas de las ahora proscritas ONG Fundación Popol Na, fundada por la ex guerrillera y disidente sandinista Mónica Baltodano; Instituto de Estudios Estratégicos y Polí­ticas Públicas; Centro de Investigación y Atención en Salud; Instituto para la Democracia; Instituto de Liderazgo de las Segovias, y Fundación del Rí­o, estas dos últimas  ubicadas en Nueva Segovia (norte) y Rí­o San Juan (sur) respectivamente y que han liderado protestas contra la minerí­a industrial extractiva y la tala ilegal en áreas protegidas.

En todos los casos la policí­a decomisó sin permiso judicial documentos, computadoras y vehí­culos. En el caso de Chamorro, la fuerza pública también asaltó y saqueó computadoras y equipos de transmisión en dos empresas de comunicación (Promedia e Invermedia), pese a tener permisos legales de operación. Ambas sociedades regentan la publicación Confidencial y dos programas de televisión, todos muy crí­ticos de Ortega.

Este es un ataque demencial contra la libertad de prensa. Acuso al jefe supremo de la Policí­a, el dictador Daniel Ortega, como el único responsable de este asalto brutal, afirmó Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997) y del periodista Pedro Joaquí­n Chamorro, director del diario La Prensa, asesinado por sicarios de Somoza en 1978.

La noche del viernes, policí­as fuertemente armados regresaron a las sedes de las ONG proscritas y tomaron posesión de sus instalaciones, en obediencia a  un comunicado del Ministerio de Gobernación, que horas antes confirmaba la cancelación del registro y número perpetuo de organismos que apoyaron y financiaron el intento fallido de golpe de Estado.

Según el gobierno, todos los bienes muebles, inmuebles y activos confiscados a las nueve ONG pasan a estar bajo la administración del Estado de Nicaragua y servirán para “la creación de un Fondo de Atención y Reparación Integral para las Ví­ctimas de Terrorismo.

Dichos organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento y violentaron la naturaleza de sus funciones al participar activamente en el fallido intento de golpe de Estado, indicó el comunicado de Gobernación.

El texto acusó a las ONG de promover terrorismo, crí­menes de odio, alentando y celebrando la destrucción de instituciones públicas y privadas, de viviendas, negocios y asalto a la dignidad humana, de miles de personas y familias, a quienes les fue infringido un trato humillante, denigrante, con secuestros, torturas, amenazas, en absoluto irrespeto de su dignidad y derechos humanos de todos y todas los nicaragí¼enses.

El episodio recordó los primeros años de la revolución sandinista, que liderada por Daniel Ortega y otros ocho comandantes de la dirección nacional, confiscaron miles de viviendas, empresas y fincas de personajes somocistas o allegados al régimen de Anastasio Somoza, derrocado en 1979.

La ofensiva gubernamental se produce en medio de insistentes llamados a Ortega para que retome el diálogo nacional, suspendido desde inicios de julio, y apenas dí­as después de la aprobación de la ley conocida como Magnitskky Nica Act en el Congreso de Estados Unidos, que deberá firmar estos dí­as el presidente Donald Trump y que supone fuertes sanciones al gobierno del ex guerrillero de 73 años, incluyendo la suspensión de desembolsos multilaterales.

Mientras, en las calles de Managua continúan las redadas policiales y capturas de jóvenes autoconvocadosque son llevados a prisión y acusados de terrorismo por participar en manifestaciones azul y blanco, llamadas así­ por los colores de la bandera nacional, convertida en sí­mbolo de las protestas en oposición a la rojinegra del Frente Sandinista, que hace casi 40 años condujo a Nicaragua a una revolución.