Este mediodía se concretará uno de los compromisos que durante la campaña presidencial hizo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador: la creación de la comisión especial para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Esta instancia se instalará en un acto que se celebrará en un par de horas en la Secretaría de Gobernación. Estarán presentes los padres de los normalistas desaparecidos, integrantes de las organizaciones civiles que los han acompañado en su largo proceso de búsqueda de justicia y funcionarios federales que estarán encabezados por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez -quien coordinará los trabajos de la comisión.
Con este mecanismo extraordinario dará inicio formal en este sexenio la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes contra los estudiantes, perpetrados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron seis personas asesinadas, 43 normalistas desaparecidos de manera forzada y varios lesionados.
El objetivo de la comisión será analizar todas las hipótesis posibles, sobre todo las líneas de investigación que quedaron pendientes y lo que se dejó de hacer durante la administración de Enrique Peña Nieto, ha informado el propio Encinas.
Por primera ocasión en la historia del país se definirán los lineamientos para la implementación de beneficios legales y medidas de protección para las personas que proporcionen información que permita el esclarecimiento de esos crímenes.
Toda la administración pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias y específicamente el coordinador de esta instancia deberá establecer la interlocución necesaria con el Ministerio Público para que, respetando su autonomía, se cree una fiscalía especializada o una comisión especial para la investigación de los hechos.
Los trabajos tomarán en cuenta el expediente de la Procuraduría General de la República –una de cuyas principales líneas es la llamada “verdad históricaâ€, que apunta a que los normalistas habrían sido asesinados y calcinados por integrantes del crimen organizado en el basurero de Cocula– y los pendientes de esa indagatoria, así como la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso.
También la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la investigación que llevó a cabo la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asimismo, se prevé que coadyuven instancias internacionales.
El pasado 3 de diciembre, López Obrador firmó un decreto presidencial para crear dicha instancia, cuyo objetivo es conocer la verdad de los crímenes contra los normalistas, deslindar responsabilidades, reparar violaciones a los derechos humanos y hacer justicia. Tras la publicación de ese mandato en el Diario Oficial de la Federación, se dio un plazo de 30 días para instalar formalmente la comisión, la cual se concretará este mediodía.
Esta comisión es la respuesta del gobierno de López Obrador a la incansable exigencia de los padres de los jóvenes, pues 51 meses despúes de los hechos se desconoce su paradero, siguen sin ser señalados todos los responsables y las investigaciones ministeriales permanecen estancadas. La decisión del mandatario federal ha renovado la esperanza de los familiares de los normalistas de conocer lo que realmente sucedió con sus hijos.