La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definir si proceden o no las suspensiones otorgadas en los amparos que se han interpuesto contra los cambios en las reglas de operación de las estancias infantiles del país que publicó el gobierno federal el pasado 28 de febrero.
La funcionaria estimó que mientras algunos juzgados y tribunales han otorgado en automático la suspensión del acto reclamado, otros lo han negado, motivo por el cual la SCJN deberá definir cuál es el procedimiento correcto.
El caso registrado en el expediente 148/2019, se turnó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien deberá elaborar el proyecto de resolución.
A finales de marzo, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, informó que dos juzgados en Chihuahua y Querétaro resolvieron suspensiones en definitiva que la Secretaría del Bienestar debe entregar los subsidios de enero y febrero a las estancias infantiles y no reducir el presupuesto para la atención a infantes.
Las nuevas reglas de operación no entregan los subsidios directamente a las guarderías privadas, sino a los padres de familia, para que ellos paguen directamente la colegiatura en la estancia que elijan.
Según los nuevos lineamientos la población susceptible de ser beneficiaria son las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, no tienen acceso al cuidado y atención infantil y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad o entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años , en casos de niñas o niños con alguna discapacidad.
Asimismo, de conformidad con los lineamientos generales para la coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, el programa tendrá como prioridad para ser beneficiarias(os) a las personas que habiten en municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema y zonas con alto grado de marginación y altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo, por mencionar algunos.
Al respecto, la SCJN admitió a trámite la denuncia por posible contradicción de tesis que interpuso la titular de la Secretaría del Bienestar.