Paoletti Rodríguez
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, donde afirmó que el gobernador de Tamaulipas reproducía un discurso un discurso inmigrante, Francisco García Cabeza de Vaca envia una carta al funcionario donde expone los problemas de una crisis migratoria derivada de la política de puertas abiertas.
«â€‹Quiero suponer que su dicho se debe a un error de información. Aunque, debo confesar, hay poderosas razones para pensar que es producto del estado de aturdimiento en el que se encuentra esta administración, sobre todo en materia migratoria», señala el mandatario estatal.
De acuerdo a Cabeza de Vaca, expuso los riesgos de la política que el Gobierno Federal ha implementado que calificó como errática y, en particular, las implicaciones de los compromisos de contención, refugio y asilo asumidos con el Gobierno de Estados Unidos de América.
«â€‹Advertí que la política de puertas abiertas con la que inició este gobierno había alentado la crisis migratoria que hoy rentabilizan políticamente los supremacistas».
Y agregó, «que usar la Guardia Nacional para perseguir a migrantes traería enormes costos sociales y potenciales violaciones a los derechos humanos. Esos derechos que a usted, en razón de su encargo, le deberían preocupar de manera especial».
Así mismo reiteró, que sin una red de protección y medidas integrales de atención, muchos migrantes terminarían en manos del crimen organizado y de las bandas de trata de personas; a merced de los abusos, la violencia y las drogas; en una espiral aún más grave de exclusión y vulnerabilidad.
«â€‹Mi inquietud de que México se convierta en el muro invisible con el que sueñan esos que alientan el odio y el temor hacia los migrantes, y que ahora toman armas para atentar contra la vida de personas cuyo único delito es ser o descender de México», señala.
​El Gobernador tamaulipeco indicó que en Tamaulipas no se permitirá la instalación de centros de detención, retención o hacinamiento, «Nuestra tierra no servirá de campo de concentración. No levantaremos prisiones para dividir familias o para separar padres e hijos».
«â€‹Porque, le recuerdo, la Constitución y las leyes son muy claras en sujetar a la jurisdicción local los bienes inmuebles que la Federación adquiera, afecte o destine a un servicio público o uso común, salvo que exista autorización en contrario por parte de la legislatura, lo que en el caso no ha acontecido.
​Es decir, por principio esencial y regla jurídica expresa, la política de contención migratoria a la que el Gobierno federal se ha prestado, bajo ninguna circunstancia, puede pasar por encima de la soberanía y potestades de las Entidades Federativas», concluye en su carta.