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Carlos López Arriaga
Cd. Victoria, Tam.-Â Por insistencia de los medios y, también, ante la acción protagónica de los aspirantes, la sucesión tamaulipeca agita el panorama de manera intermitente.
La diferencia es que por primera vez en la historia no son los aspirantes del PRI quienes calientan las plazas, ni siquiera el PAN donde hoy impera una estricta disciplina interna.
Comprensiblemente, el ruido está en MORENA, partido en el poder a escala federal, cuyo escaso nivel de desarrollo no le ha impedido la arrebatinga por sobresalir y situarse en el corredor de la candidatura.
Por supuesto, cuentan los tiempos. Particularmente ahora que los calendarios se desplazan como placas tectónicas, para alinearse gradualmente hacia fechas únicas de votación.
Lo vimos en la megaelección del 2018. Presidencia, las dos cámaras federales, muchos congresos locales, un sinfín de ayuntamientos, también gobernadores.
Y resulta que el reacomodo aún tiene para rato, con un ingrediente interesante, adicional.
Hay un importante margen de decisión para gobernadores y congresos. Pueden (o no) ajustar calendarios para los periodos que vienen.
En el caso concreto de Tamaulipas, el gobierno que viene tiene (el menos) dos opciones viables. Dos o cinco años. La determinación es local, ningún poder federal nos obliga a nada.
¿Asoma acaso algún priísta, panista, morenista que quisiera gobernar por dos años?
Mire usted, cuestión de imaginar los efectos que tendría una determinación así.
Menos aspirantes en todos los partidos y también más bajo perfil para un cargo que sería algo así como de “pisa y correâ€.
Sería un régimen de “asumes y te vasâ€, es decir, de llegando y prendiendo lumbre, asumir y convocar a nuevas elecciones.
¡Dos años!… ¿Quién la quiere?…
En Acción Nacional, que es partido de gobierno en Tamaulipas, resulta lógico que se escuchen pocas voces, acaso ninguna, solo murmullos. Al respecto, la única opción visible es el senador ISMAEL GARCíA CABEZA DE VACA.
En MORENA, habría que preguntar si dicha meta de 24 meses resulta apetecible para personajes como AMí‰RICO VILLARREAL ANAYA, Hí‰CTOR MARTíN GARZA GONZíLEZ, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, ADRIíN OSEGUERA KERNION y MARIO ALBERTO Lí“PEZ, entre otros.
Más pobre en tiempo que una alcaldía. Por lo menos los presidentes municipales tienen la posibilidad de reelegirse y (con apoyo del voto) convertir sus tres en seis años. En Coahuila (caso especial) los ayuntamientos duran cuatro.
¿Pero gubernaturas de dos?…
FELIPE GARZA, tal vez, o el niño aquel que vino de Mante, ALEJANDRO GUEVARA, el que se gastó más en cabalgatas, borchinchos, impresos, cartelones y espectaculares de lo que eroga un candidato a presidente de la República.
Y todo para nada, pese al dudoso apoyo de la clase militar. No logró la candidatura y su partido perdió de calle..
¿Dos o cinco?… Lo aconsejable es de cinco y (si de México no apuran demasiado) de preferencia cabría imponer la voluntad soberana de seis.
Nadie está obligado a cumplir más de lo que se reformó en el sexenio anterior. Ahí termina la obligación de Tamaulipas.
Porque, mire usted, luego vemos casos patológicos como el de un tal JAIME BONILLA, dineroso de profesión (quien sabe si empresario) que tomó por asalto la gubernatura de Baja California.
Lo votaron para dos, pero agarró otros tres por su cuenta, basándose en encuestas chatarra, consultas amañadas y diputados peleles (de todas las facciones) que se plegaron a la chequera generosa y las gestiones insistentes de la SEGOB, un segundo de a bordo por ahí, a la sazón subsecretario.
Con la claridad que le caracteriza, conocedor del derecho, postgraduado en Francia, el viejo patriarca PORFIRIO MUí‘OZ LEDO habría dictaminado desde su escaño que el vergonzante caso de BONILLA merecía la desaparición de poderes, por representar una burla a la Carta Magna.
El problema de fondo es el desaseo que privó al implementar la reestructuración de calendarios, para empatar procesos municipales, estatales y federales.
Faltó cuidado y (por supuesto) paciencia. Se actuó atropelladamente y votantes de diversos entidades federativas siguen pagando las consecuencias.