Urge eliminar protección polí­tica, judicial y social a la delincuencia organizada

Chantal Martí­nez Dí­az
Con la eliminación de la protección polí­tica, judicial y social a la delincuencia organizada, los delitos de alto impacto como el secuestro, extorsión, ejecuciones extrajudiciales y otros, bajarí­an incluso hasta la mitad, reveló Rodolfo González Valderrama.
Añadió que desafortunadamente del 2010 a este 2020 Tamaulipas vive una década insegura ocasionada por el rompimiento de los carteles de la droga, lo cual disparó los delitos graves o los de mayor impacto en la entidad.
Lo peor es que los niveles de confianza de la ciudadaní­a están prácticamente ‘por los suelos’ pues incluso de acuerdo a la estadí­stica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de cada cien delitos solamente se reportan 6 porque la gente tiene desconfianza en la autoridad.
Además, el í­ndice de impunidad es de los más altos, de 99.86, lo que significa que los crí­menes en esta entidad no son perseguidos ni castigados.
Prueba de ello es que Tamaulipas ocupa el lugar número 3 por crí­menes hacia periodistas, hasta ahora en este año la lista suma 16 entre asesinados y amenazados; además, tiene los primeros lugares en desapariciones de personas.
En el marco del programa “Dialogando por Tamaulipas”, González Valderrama dio a conocer que para hacerle frente al problema de la inseguridad, la cual persiste en la entidad, se requieren trabajar en siete frentes, que denominó siete ejes de la Seguridad Ciudadana Integral.
En el primero, que es la eliminación de todo tipo de protección a la delincuencia organizada, mencionó que se debe poner especial énfasis en las personas jóvenes, toda vez que se han convertido en “carne de cañón” para el crimen y lo más doloroso es que quienes ingresan a las filas de la delincuencia no sobreviven ni un año.
En segundo lugar, dijo que es fundamental la coordinación cooperación y colaboración a nivel multinacional, binacional, nacional y regional, para enfrentar las redes de la delincuencia como la trata de personas. Significa trabajar tanto con las autoridades de las entidades vecinas, como las de otros paí­ses.
El tercer eje es contar con una polí­tica social inclusiva que brinde oportunidades de educación, salud, alimentación y empleo para jóvenes y familias, incluidos los involucrados en la delincuencia, pues “es una tragedia el juvenicidio” (los jóvenes que son reclutados por delincuentes); también para con la gente del campo, pues “muchos ejidatarios transitan de ejidatarios a sicarios” y eso tiene qué ver con la falta de polí­tica social efectiva.
En el cuarto eje ubicó a la reestructuración de los cuerpos de seguridad pública, en tres dimensiones:
– crear la policí­a de proximidad ciudadana
– policí­a de élite para delitos de alto impacto (secuestro, extorsión y ejecuciones) hacerlo con estricto apego y respeto a los Derechos Humanos y,
– reforzar la presencia de la Guardia Nacional.
El quinto eje es llevar a cabo una Reforma Judicial, para promover una justicia cotidiana expedita, oportuna y transparente.
Asimismo ubicó en el sexto eje a la participación ciudadana en la selección, evaluación y orientación de la polí­tica pública de seguridad y, en séptimo lugar, impulsar una cultura para la legalidad, justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos desde el sistema educativo estatal.
Resaltó que el tema de la inseguridad es el prioritario y aunque por ahora se ha sobrepuesto el tema de la pandemia, el que persiste es el primero.