La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá y votará este viernes proyectos de sentencias relacionados con Gobernadores y superdelegados.
En el primer caso, los magistrados resolverán si hay sanción o no a los Mandatarios de Tamaulipas y Jalisco, Francisco García Cabeza de Vaca y Enrique Alfaro, por difundir propaganda gubernamental en redes durante la veda electoral por la consulta popular del 1 de agosto.
Asimismo, analizarán un cumplimiento de sentencia de la Sala Superior del Tribunal que le ordenó retomar el tema de los superdelegados y de los entonces responsables de los programas sociales, la ahora ex Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y el coordinador nacional Gabriel Hernández, para determinar si realizaron propaganda indebida y uso de recursos públicos en la promoción y levantamiento del censo de esos programas.
Es un caso que data de una queja del PRD desde 2019 que ha ido y venido entre la Sala Especializada y Sala Superior.
En la denuncia se incluyó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta responsabilidad en esas conductas y por supuesta promoción personalizada con las actuaciones de los servidores públicos del Bienestar conocidos como «chalecos».
La Sala Superior ordenó a la Sala Especializada hace unos meses que indagara más sobre el tema de la presunta responsabilidad de los Servidores de la Nación y el levantamiento de datos censales de los programas sociales con una indumentaria con la imagen o el logo del Gobierno federal.
Uno de los puntos es determinar si esa conducta se sancionaría igual en caso de acreditarse en estados con elecciones al momento de la denuncia y en caso de entidades sin proceso electoral.
Las fuentes judiciales, por otro lado, también analizarán, en el caso de la propaganda en tiempos de consulta popular, si la Sala Especializada es competente o no para ver ese tipo de recursos, pues hay quienes consideran que hay una especie de vacío jurídico en este tema.
La Ley de Revocación de Mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el martes y que entró en vigor este miércoles, otorga competencias para impugnaciones ciudadanas para este tipo de consultas a la Sala Superior, y no hay una precisión sobre el alcance a la Sala Especializada.