El trasiego o traspaso de migrantes centroamericanos por territorio mexicano, promovido y comercializado por bandas de polleros o coyotes (traficantes de personas), es hoy día un problema mayúsculo, que rebasa la simple interpretación del «derecho humano de cualquier persona, para buscar su destino», o sea el «derecho de migrar entre regiones o países».
El tráfico de migrantes, a través del territorio mexicano, pasó de registrar un promedio de un millón de centroamericanos, haitianos y cubanos por año, a rebasar más de tres millones, tan solo en el año pasado del 2021. De cada tres migrantes extranjeros que cruzan por México, uno se queda legal o ilegalmente en nuestro país.
Ya es claro, que la mayoría de dichos transmigrantes que pasan por México, son fomentados y engañados por dichas bandas de traficantes, que a la par de cobrar fuertes sumas de dólares por transportarlos desde Chiapas hasta la frontera de EUA, les engañan con la desinformación que una vez cruzando la frontera, las autoridades norteamericanas les darán asilo humanitario, bajo la creencia que el 23 de mayo sería derogado el Título 42, que abriría juicios en espera desde suelo estadounidense, para ser beneficiarios de visas temporales.
Se sabe que un juez federal de Florida, echó atrás dicha derogación, y que el gobierno demócrata de Joe Biden, ya prepara otras medidas para seguir aplicando deportaciones rápidas o expres.
Por lo citado, pocas voces señalan el fondo de esta crisis migratoria, al dejar de identificar la parte medular del problema, que es el papel que juegan aquí estos traficantes.
Además, el gobierno mexicano de la 4T confunde el derecho de poder trabajar en Estados Unidos, como si fuera obligación de dicho país de abrir las puertas a todo ciudadano del mundo que desee llegar a EUA.
En respuesta a dicho planteamiento, ahora México en la práctica, se convirtió en un «tercer país seguro», que está saturando sus fronteras del norte con miles de transmigrantes; se calcula hoy por hoy, que más de un millón de migrantes residen en las sombras en las fronteras desde Tijuana hasta Matamoros. Todas ellas, familias enteras, menores acompañados y no acompañados, sin atención alimentaria, ni de salud y de vivienda digna.
Lo anterior se convierte en un verdadero fenómeno migratorio que no es analizado ni atendido con inteligencia y madurez.
A la par de todo, se registra en torno a los transmigrantes, una especie de ambiente y entorno de “la violencia más violenta» y una serie de violaciones a los derechos humanos, que se manifiestan con masacres, desapariciones y fosas clandestinas que han sufrido los migrantes en tránsito por el territorio mexicano. Esto representa un daño colateral a los índices de impunidad y corrupción que se han vivido en México en la década más reciente (2010-2021)”.
Debemos analizar este proceso migratorio de los migrantes centroamericanos, cubanos y haitianos, desde una perspectiva sociológica y antropológica, sin dejar de advertir que son los grupos del crimen en México quienes han perpetrado estos crímenes como una actividad ilícita más del extenso rango de los monopolios regionales de control y violencia contra toda la población sin distinción de nacionalidad.
Los sucesos violentos contra los transmigrantes, sus historias y denuncias, han contribuido en el ejercicio de medidas gubernamentales para proteger su tránsito ordenado y seguro durante su travesía por territorio mexicano. Sin embargo, ante tanta violencia en su contra registrada en la década más violenta de México, es que se utiliza la adjetivación de «transmigrantes».
Un ejemplo de esta crisis, por citar los eventos más recientes, se presentó el pasado 5 de mayo que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitaba a los mandatarios de Centroamérica y Cuba.
Ese día, 275 migrantes, entre ellos, 67 menores de edad, fueron rescatados por autoridades mexicanas tras ser abandonados por traficantes de personas dentro de la caja de un tráiler sobre la carretera Córdoba-Puebla, según informó el Instituto Nacional de Migración (INM). De ellos, 191 personas eran de Guatemala (25 mujeres y 114 hombres adultos, nueve menores de edad acompañados y 43 no acompañados). El resto eran originarios de Honduras (29), Nicaragua (19), Cuba (16), El Salvador(2) y Ecuador (18).
El hallazgo se da cuando el presidente de México, se encuentra visitando tres países de los que salen regularmente caravanas de migrantes -Guatemala, El Salvador y Honduras-, además de Belice y Cuba.
Previo a su viaje, Obrador anunció que México reforzará los controles en la frontera sur con Guatemala “para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, a los migrantes”.
Esto muestra lo contradictorio que se da entre el discurso y las acciones de las autoridades mexicanas ante este problema.
Por ello, seguiremos estudiando este fenómeno, poniendo en primer lugar, a los propios transmigrantes, a los familiares de los desaparecidos, las casas de migrantes que atienden a los afectados y, a los organismos internacionales de apoyo como la OIM, AMSUC.
Debemos entender y comprender el fenómeno desde adentro, a la par de reconocer sus historias y las denuncias que deben mantener en alerta al gobierno mexicano, al norteamericano y a los gobiernos de los países expulsores…