Por Clemente Castro González.
El primer cabecista de muy altos vuelos, HORACIO ORTÍZ RENAN, acaba de recibir la mala noticia de que no podrá ser ratificado en calidad de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas, por incumplir con los requisitos de honorabilidad y buena reputación que debe tener cualquier juzgador.
Por ello el Gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en uso de sus atribuciones legales y en base a las evidencias que tenía, decidió no darle el visto bueno.
El expediente negativo de ORTÍZ RENAN se integra de opiniones de ciudadanos y representantes de organizaciones y gremios de abogados, al señalar que evidencia malas prácticas durante su desempeño en calidad de presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.
Al abogado se le señala debido a que utilizó el cargo para responder a intereses políticos del ahora ex titular del ejecutivo estatal y proteger intereses “patrimoniales ajenos a las contiendas judiciales”.
Aunado a esto se menciona que hay denuncias presentadas por servidores públicos debido a que fueron objeto de persecución judicial.
Se trata de una determinación que es bien vista no solo por las agrupaciones de abogados, sino de los ciudadanos en general.
Por supuesto que los que fueron afectados por las reprobables prácticas en la administración de la justicia, en el sexenio que acaba de concluir, agradecen a VILLARREAL ANAYA.
La señal es muy aleccionadora y la tendrá que sopesar el actual presidente del Tribunal, DAVID CERDA ZÚÑIGA, que recién asumió el cargo impulsado por su patrón, GARCÍA CABEZA DE VACA.
Y no se trata de una acción aislada, es la muestra inequívoca de que no habrá condescendencia con las y los que, indebidamente, agraviaron a los tamaulipecos mediante el abuso del poder.
En ese sentido, se espera que la limpia se de en forma constante.
Las irregularidades están por doquier; por ejemplo en Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT). Y así invoquen su “autonomía”, están lejos de tener derecho a la impunidad.
Recordemos que ahí se repartieron cargos de buen nivel, que deberían ocupar profesionales con principios y ética pero no fue así.
Tendrán que estar bajo la lupa los jerarcas de las fiscalías Especializada en Combate a la Corrupción y la Especializada en Delitos Electorales, que manejan RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA y KRISNA JUDITH VILLADO MEJÍA, en forma respectiva.
Cabe señalar que el primero dirigió la llamada Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno estatal y su paso por dicho ente fue harto cuestionado debido a que se dedico a inventar presuntos delitos a opositores.
En cuanto a KRISNA JUDITH, no ha realizado su labor ya que en los comicios anteriores no se dio cuenta, ni por error, de los delitos que se cometieron a ojos vistos, entre éstos la compra descarada de votos.
Tampoco se percató de la presión que se ejerció sobre trabajadores de las diversas dependencias de gobierno para que salieran a votar a favor del candidato del PAN a la gubernatura.
Fue tanta la desconfianza que el partido Morena y aliados, durante la jornada electoral reciente, preferían hacer las denuncias públicas, a través de representantes de medios, antes que acudir a la Fiscalía. “Son los mismos; trabajan para el gobierno panista”, decían.
Y en efecto, ambos funcionarios recibieron el visto bueno, el año pasado, del Congreso de la entidad de mayoría panista por mandato de su jefe político.
Lo propio se hizo con el abogado, JAVIER CASTRO ORMAECHEA, al cual movieron de la Fiscalía Anticorrupción, para hacerlo Magistrado del Supremo Tribual de Justicia en la entidad.
Quienes conocen al ahora Magistrado y su actuación, señalan que fue efectivo desde la Fiscalía para afectar a quienes estorbaban a GARCÍA CABEZA DE VACA.
Es de esperar que VILLAREAL ANAYA tenga un plan para cerrar el paso a la impunidad en éste tipo de casos. Si bien los personajes señalados pueden estar blindados, su protección no es absoluta, más si se considera que hay voces demandando justicia.
A los que igual les debe llegar el brazo fuerte de la ley es a los ex funcionarios de Salud, Educación y Seguridad, por citar tres dependencias, aunque del sexenio panista pocos o nadie se escapa al caudal de arbitrariedades cometidas durante su desempeño en la administración pública.
Por lo pronto le dijeron sus verdades y pararon en seco a ORTÍZ RENAN y los aplausos no se hicieron esperar por parte de los agraviados de manera directa y los tamaulipecos en general.
Lo que sigue es “el manotazo” para que quienes pretendan pasarse de vivos y les de por generar ingobernabilidad lo piensen dos veces.
¿Quién será el primero en parar en la cárcel? Al tiempo se despejará la incógnita. Es evidente que no habrá borrón y cuenta nueva.
Ahora si que…de que se van, se van.
AL CIERRE
Dese el Sistema DIF Tamaulipas se implementará el programa denominado “Por el bien de todos primero los Pobres”.
Lo anterior lo dio a conocer el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, junto a su esposa, MARÍA SANTIAGO DE VILLARREAL, presidenta del citado organismo.
En su mensaje el mandatario dijo que se tiene la obligación constitucional, moral ética y solidaria de proteger a los más débiles. “Por eso vamos a fortalecer al DIF y toda nuestra política de bienestar”, sostuvo.