Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- Aun cuando admitieron que dependen de la tramitología legal y no hay un tiempo establecido, el equipo de abogados del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores externó su confianza en que el ex mandatario tamaulipeco recobre su libertad a poco más de cinco años de ser detenido en esta Ciudad Capital.
En rueda de prensa, señalaron que Hernández Flores ha sido declarado inocente en tres de los cuatro delitos del fuero común que le imputaron durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que hay la confianza de que recupere su libertad personal.”
“Fabricaron testimoniales, presentaron testimoniales que estaban alteradas, prueba de ello es que supuestos testigos narraron su declaración y nunca pudieron ser interrogados por la defensa”, puntualizó el abogado José Javier López García.
Al referir que uno de los delitos que le imputaron inicialmente al ex gobernador fue el de enriquecimiento ilícito, mencionó que dentro del proceso nunca se tomó en consideración todo el tiempo que Hernández Flores trabajó fuera del servicio público.
“Es decir, cuando llevaba sus empresas y éstas tenían una ganancia, todo eso no se contabilizó, por eso actualmente tenemos diversos amparos”.
López García agregó; “los jueces federales advirtieron que no había elementos ni ninguna prueba en contra del ingeniero, por eso es que también se dictó un auto de libertad en su favor en la última causa que se instruyó en contra de él”.
Cabe recordar que Hernández Flores fue detenido el seis de octubre del 2017, siendo internado en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad Capital para posteriormente ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El equipo de abogados hizo énfasis en señalar que los procesos penales que le fueron fabricados al ex gobernador tamaulipeco fue una persecución política para mantenerlo privado de su libertad haciendo uso de las herramientas punitivas del estado como la Fiscalía anticorrupción y el Poder Judicial del Estado.