+Hernández Flores no tiene delitos en México, pero lo reclaman en los EU
+El Poder Judicial en Tamaulipas es utilizado para persecusiones políticas
+La reforma político-electoral es bien vista por la sociedad, no por partidos
Por Juan Sánchez Mendoza.
No hay todavía fecha definida para que Eugenio Hernández Flores alcance su libertad, aunque ya fue absuelto en los cuatro procesos judiciales que lo mantuvieron recluído por supuestos ilícitos cometidos en México, pues aún está pendiente la resolución de un amparo para evitar ser extraditado.
En marzo 16 de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Luis Videgaray Caso, autorizó su traslado a Estados Unidos, para ser enjuiciado en una Corte Federal del Sur de Texas por lavado de dinero, solamente. No obstante, (allende el Río Bravo) también le fincan los delitos de fraude bancario y operar sin licencia un negocio de envío de dinero.
Según el comunicado 61 de la Cancillería emitido en esa misma fecha, concedió la extradición con base a ‘las consideraciones’del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas (con sede en Ciudad Victoria), ‘pues la solicitud cumple con todos los requisitos del Tratado bilateral aplicable’.
“La citada persona cuenta con el Juicio de Amparo para inconformarse en contra del mencionado acuerdo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Extradición Internacional, por lo que una vez que dicho acuerdo quede firme y ejecutable, con base en lo establecido en el artículo 34 de la Ley en la materia, será la Procuraduría –hoy llamada Fiscalía– General de la República la que en el ámbito de sus facultades y atribuciones procederá en su caso a la entrega del extradendus a las autoridades estadounidenses que sean designadas para tal efecto”, establece.
Ante ello Hernández Flores promovió un amparo, pero la jueza primera de Distrito de Amparo en Materia Penal (con sede en la Ciudad de México), Sandra Leticia Robledo Magaña, se lo negó por, supuestamente existir una causa de improcedencia.
En consecuencia, Eugenio interpuso un recurso de revisión.
En mayo 12 del 2021 la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación (STJN) decidió negarle definitivamente la protección en contra de la constitucionalidad de un artículo de la Ley de Extradición; también, de dos preceptosdel Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Regresó el expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo (con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas), para que los magistrados de ese órgano jurisdiccional resuelvan si la autorización que la SRE otorgó cumple los requisitos de legalidad y respeto en el proceso.
Esto, sobre el expediente 01/2017 –radicado en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Acusatoria, a cargo de Raymundo Serrano Nolasco–, donde se lee que:
“Se libra orden de detención provisional con fines de extradición contra Eugenio Javier Hernández Flores”.
A la fecha Eugenio ha solventado cuatro procesos fabricados por el ex fiscal anticorrupción, Javier Castro Ormaechea; y convalidados por Horacio Ortiz Renán, durante su ejercicio como presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
1) 67/2017
Radicado en el Juzgado Segundo Penal (Ciudad Victoria) –a cargo de Juan Manuel Ham Cortés–, por los delitos de: peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2) 33/2018
Juzgado penal de Ciudad Victoria.
Delitos: peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al comprar un predio en la capital tamaulipeca.
3) 237/2018
Juzgado primero penal (con sede en Ciudad Victoria), y cuyo titular es Santiago Espinoza Camacho.
Delitos imputados: enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos.
4) 05/2020
Juzgado primero penal (Santiago Espinoza Camacho), también.
Delitos: peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Descargos
En los cuatro casos Eugenio Javier Hernández Flores ha obtenido amparos constitucionales, a falta de pruebas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas para sustentar sus acusaciones, por lo que legalmente tiene derecho a su libertad absoluta, pues tampoco hay orden de aprehensión de carácter federal en su contra.
Empero, aún tiene que jugar su última carta para librar el proceso de extradición, que, según me comentan, se resolvería a mediados del mes.
Persecusión política
El asunto de Eugenio Javier Hernández Flores evidentemente obedece a la persecusión política emprendida por el hoy ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien utilizó a la Fiscalía General de Justicia y por supuesto al Supremo Tribunal de Justicia del estado en su aviesa ‘cacería’.
Y fue convalidado, por cierto, por el Congreso local.
De ahí que cobre especial trascedencia el llamado del gobernador constitucional Américo Villarreal Anaya, hecho al Poder Judicial del estado: “No se dejen presionar, ni influenciar, por venganzas del pasado; se acabó el tiempo al estado ‘chueco’ y corrupto, en el que privaban los intereses de las mafias del poder, la aplicación facciosa, discrecional y arbitraria de las leyes y la persecución política”.
Él fue víctima de esa persecusión –al mismo tiempo que el presidente municipal de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez y el dirigente (estatal) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano–, en septiembre próximo pasado, cuando el juez de Control José Miguel Moreno Castillo –habilitado en Ciudad Victoria en 2020 para hostigar a ‘enemigos’ de García Cabeza de Vaca–, quiso abrirles procesos judiciales.
Pero la maniobra abortó al descubrirse a tiempo.
Caso Reséndez Silva
El ejemplo más claro de que Moreno Castillo fue traído de Altamira –donde era juez de control–, a Ciudad Victoria, para perseguir a los detractores de García Cabeza de Vaca, es Hugo Arael Reséndez Silva, quien dimitió a la Secretaría del Ayuntamiento victorense por mandato judicial.
Le recuerdo:
+El 5 de mayo del año en curso, fue detenido y desarmado un agente encubierto de la Policía Investigadora (Néstor Guadalupe Cano Zúñiga), en las inmediaciones del Palacio Municipal, cuando le tomaba fotos al alcalde. Al ser capturado el policía dijo tener la orden de captar imágenes cuando el munícipe descendiera de su camioneta, ya que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a cargo de Raúl Ramírez Castañeda, las utilizaría como prueba para fincarle responsabilidades.
+La Fiscalía General de Justicia que aún maneja Irving Barrios Mujica abrió una carpeta de investigación, el día 9, acusándolo de ‘privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y amenazas’.
+El 18 de mayo de 2022, el juez de control Moreno Castillo lo vinculó a proceso y ordenó tres medidas cautelares: su separación del cargo, que no acudiera a la Presidencia Municipal ni que tuviera relación directa con el denunciante.
+El 19 de mayo de 2022, Reséndez Silva se separó de la Secretaría del Ayuntamiento.
+Le solicitó al Juez de Primera Instancia Penal (Santiago Espinosa Camacho) la revisión de la carpeta CP/0132/2022, para retornar al cargo, pero éste se negó a suspender las medidas cautelares.
+Ante esa negativa presentó un recurso de amparo, que un Juzgado de Distrito resolverá el 18 de noviembre próximo.
Y se vaticina que la sentencia le será favorable.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
Caminante no hay camino
El proyecto de reforma electoral que Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, está destinado al fracaso, lamentablemente. Y así lo creo porque contiene propuestas que resultan necesarias para adelgazar el multimillonario gasto del Congreso de la Unión, organismos electorales y cabildos municipales, que no comparten todos los partidos políticos.
Sin embargo, son bien vistas por el núcleo poblacional.
Entre ellas se plantea:
+ La desaparición de 200 diputaciones federales y 32 senadurías, bajo el principio de representación proporcional;
+ El retiro de financiamiento público a los partidos políticos para gastos ordinarios;
+ Cambiarle el nombre al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en lo sucesivo se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas;
+ Disminuir de 11 a 7 el número de consejeros nacionales;
+ Reducir el número de legisladores en los congresos estatales;
+ Desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s);
+ Aniquilar los tribunales electorales locales; y
+ Un cambio en el modelo para elegir legisladores, además del voto electrónico y bajar el umbral para validar revocación de mandato;
Se hace camino al andar
La cancelación de tres patentes notariales –también llamadas fiats–, marca el saneamiento del sector que fue prácticamente asaltado por abogados al servicio del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Alfredo Treviño Salinas, Mirna Mireya Sánchez Camacho y Flavio Eliel Ramírez Chapa, fueron los primeros ‘notarios’ en caer de una lista de 28 que son investigados por irregularidades para obtener los permisos.
Cicuta
Para que no sude calenturas ajenas, le comento que el INE carece de recursos económicos para la organización de un proceso comicial extraordinario, por lo que se aplazaría la elección senatorial del estado, quizá hasta el mes de junio del 2023.
Por el momento no corre prisa para emitir la convocatoria.