DESDE ESTA ESQUINA.
MELITON GUEVARA CASTILLO.
07.03.2023.
LA JUSTICIA DE LOS RICOS.
He crecido con la explicación de que la justicia tiene dos caras: una para los ricos, otra para los pobres; y que, precisamente, esa condición la que lleva a la certeza de que en la aplicación de la justicia hay corrupción, impunidad; pero también que hay ineficiencia o ineficacia. El hecho, real, documentado, es que son los pobres los que más padecen las fallas de la aplicación de la justicia. En lo que va del sexenio de AMLO, en la práctica no han logrado sentencias, castigo pues, para quienes han saqueado el país.
Una de las condiciones para que la justicia sea parte del proceso de corrupción se da en los servidores públicos, sobre todo en los que procuran la justicia, como en los jueces y magistrados. En los juzgados y en los ministerios públicos por ley deben atender al quejoso, porque es el que busca justicia; en la práctica, muchas de las veces, las puertas se las cierran y están abiertas, eso sí, para los presuntos culpables, para los acusados.
DINERO Y LEY.
Hace muchos años en un programa de televisión presentaron al abogado Juan Velázquez. Describieron su reputación, sus casos y éxitos y le preguntaron que si la justicia estaba vendida al mejor postor. Su explicación valida, aunque se salió de la tangente: que los pobres no tenían dinero para pagar a un buen abogado o despacho legal, y tenían que conformare con el defensor de oficio o, como diría alguien, con un tinterillo de tres cuartos. El caso, entonces, nos lleva a un problema de conocimientos.
Rosario Robles, Emilio Lozoya y Francisco Javier García Cabeza de Vaca han sido acusados de diferentes delitos, que tienen vínculos con la corrupción y la impunidad. La primera y el tercero por la vía del amparo han logrado, digamos, burlar a la justicia; y en el segundo, ha sido imposible para la fiscalía hacer con el criterio de oportunidad una acusación más sólida, en contra del mismo Lozoya y sus presuntos acusados, sean Luis Videgaray o Enrique Peña Nieto.
El propio AMLO y la misma fiscalía acusan a los jueces de proteger, dice el Presidente, a los delincuentes de cuello blanco. La cuestión es que, en todo caso, hay que hacer notar que los jueces han encontrado los resquicios legales en tanto que el Fiscal ha sido incapaz de comprobar la culpabilidad de sus acusados. En los tres casos, parece mentira, pero la debilidad de las carpetas de investigación es la misma: la falta de pruebas contundentes.
FAVOR A LOS PODEROSOS.
La culpa, a fin de cuentas, también es de los servidores públicos. Hoy les quiero contar dos casos de como la justicia se tuerce porque los servidores públicos son atentos, no con el pueblo, si con el poderoso. Uno sucedió a mediados de los 70´s. Piedras Negras es un ejido de Casas. Tuvieron un pleito los ejidatarios y posesionarios de tierra federales; un tampiqueño llego con 300 trabajadores veracruzanos y empezó a romper vestigios de posesión y a robarse la madera. La denuncia no procedía, el acusado llegaba a tomar café
con el Procurador, salía y, riéndose saludaba a sus acusadores que hacían antesala. Para que procedieron la denuncia tuvieron que esperar a que cambiaran de Procurador; el día que lo cambiaron, se giró la orden de aprehensión y en menos de tres días le tome la declaración en el Juzgado 2º. Penal, a cargo de Alfonso Rojano López.
El otro caso sucedió con los ejidatarios de Campoamor, mi lugar de origen. Ahí hay un tremendo pleito por las tierras, en un principio, ahora por el agua: cuenta mi hermano que estando en la Procuraduría Agraria, ejidatarios y abogados, recibían primero a los acusados, a una prominente familia victorense que por años ha explotado las tierras de ahí, rentándolas solo por 15 años, que luego con triquiñuelas extendieron el plazo. De 100 hectáreas en pleito, afirma el Comisariado Ejidal Mario Guevara que ya recuperaron 20 y están otras en proceso… ahora también el problema es con CONAGUA, que les niega agua a los ejidatarios, para dársela a los renteros. No cabe, la menor duda, hay mano negra.
AMLO Y LA VOCACION DE SERVICIO.
En el deber ser, según la teoría, el Poder Ejecutivo le corresponde velar la aplicación de las leyes, por eso es quien por lo regular hace las acusaciones vía la Fiscalía; en tanto que el Poder Judicial, vistas las averiguaciones, las carpetas de investigación, revisa los hechos y viendo la ley, determina si procede la imputación. Vale, sin embargo, hacer notar que no todos los servidores públicos son como AMLO, que primero los pobres, buscan servirse y no servir a la gente. Así que, si la Fiscalía no hace bien su trabajo, le planchan el trabajo a los jueces y, si estos son corruptos, pues no batallan para hacer su trabajo en favor de los delincuentes de cuello blanco.