Diputados de Oposición demandaron al Gobierno federal asumir su responsabilidad por la muerte de 39 migrantes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que lo ocurrido ayer no fue una tragedia, sino que los migrantes fueron asesinados por la negligencia del INM y las autoridades migratorias.
«No se ha dicho así por ninguna fuerza política, pero nosotros sí lo decimos, porque hay plena sospecha de que fueron bajo llave para que no se pudieran salir y que no tenían agua», dijo.
Álvarez Máynez dijo que la tragedia de ayer es equivalente a cualquiera de las que ha cimbrado a la opinión pública mexicana y calificó como una afrenta el trato que se les da a los migrantes, siendo México un país de emigrantes.
El priista Ildefonso Guajardo aseguró que lo ocurrido no es una tragedia más en manos de traficantes de personas, sino que está en manos del Gobierno mexicano, que concedió una negociación para ser tercer país seguro sin contar con las condiciones y los protocolos para garantizar el respeto a los derechos humanos.
«A nombre de mi grupo parlamentario quiero pedirle una profunda disculpa por la irresponsabilidad del Gobierno mexicano a los más de 40 migrantes fallecidos. El error lo cometimos al aceptar a México como tercer país seguro sin tener las condiciones para garantizar sus derechos humanos y sin contar con los protocolos necesarios para podernos responsabilizar», sostuvo.
La panista Rosa María González Azcárraga exhortó al Gobierno federal a girar instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que exija al Instituto Nacional de Migración rendir cuentas y asumir su responsabilidad por la tragedia.
González Azcárraga rechazó que las instalaciones en donde perdieron la vida los migrantes sea un albergue, como señaló el Presidente, y cuestionó que el Gobierno federal admitiera el ingreso de 30 mil migrantes al mes al País cuando no pudo controlar a 70.
«El Presidente aceptó admitir a 30 mil migrantes al mes, ¿cómo pretende aceptarlos sino puede controlar a 70 y los condenó a muerte en unas cuantas horas?», preguntó.
El perredista Marcelino Castañeda hizo un llamado para que a los deudos se les den facilidades para repatriar los cuerpos.
«Hago un llamado para que se brinde a familiares todas las facilidades para que los cuerpos sean repatriados y, a la vez, los familiares puedan acudir a nuestro país en esa condición, pero también hacemos un enérgico llamado para que se investiguen las consecuencias y se castigue a quienes puedan ser responsables de esta situación», demandó.
La morenista Andrea Chávez expresó sus condolencias por los migrantes que perdieron la vida y justificó que la ley de migración vigente fue aprobada por la Oposición.
«No es momento de protagonismos y si a esas vamos, señoras y señores, reconozcan que la ley de migración que está en este momento vigente es de ustedes», señaló.
Susana Prieto, también de Morena, lamentó que la Oposición culpe al Presidente de los hechos sin una investigación de por medio.
«Es verdaderamente inaceptable para nosotros, en Morena, que el PRI y el Partido Acción Nacional que concesionaron las instalaciones del Instituto Nacional de Migración a particulares vengan ahorita a culpar al Presidente de la República sin ninguna investigación oportuna», sostuvo.