Intríngulis
Por Juan Carlos López Aceves.
Cuando su ex esposa lo demandó exigiendo la pensión alimentaria para sus dos hijos, el Ministro en retiro GENARO GÓNGORA PIMENTEL, quien fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1999-2002), trató de incumplir con esta obligación y contrademandó para reducir el monto, con el argumento de que sus vástagos son autistas.
Viene a colación el litigio anterior, que mantiene en prisión a la ex esposa del Ministro en retiro, porque durante la sesión celebrada el pasado jueves 13 de abril, la diputada ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, presentó una iniciativa relacionada con el tema en comento.
Resulta que la legisladora del PRI, con el apoyo de las bancadas del PAN y MC, propone reformar los artículos 111 de la Constitución Política local, así como el 36 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que las y los Magistrados y Jueces prediquen con el ejemplo.
Tiene razón la diputada CÁRDENAS CASTILLEJOS: “la figura de un Juez debe ser un modelo de comportamiento ético y moral para la sociedad”.
“Es fundamental que los magistrados, jueces, secretarios y actuarios, no sean deudores alimentarios”, afirma la diputada priista.
La diputada CÁRDENAS CASTILLEJOS nos recuerda que, durante la sesión celebrada el 20 de enero de 2022, se expidió el Decreto 65-125 mediante el cual se crea el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, para visibilizar a quienes no cumplan con este obligación, facultando al Registro Civil para que expide un “certificado” de quien se encuentre inscrito.
Para inhibir que este problema afecte a la impartición de justicia, la diputada propone que las personas propuestas para ocupar el cargo de magistrada, el Consejo de la Judicatura, Juez de Primera Instancia, Secretario General de Acuerdos, Secretarios de Acuerdos y Secretarios Proyectistas, es requisito no estar inscritos en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
En esta misma sesión del jueves pasado, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA presentó un par de iniciativas ante la 65 Legislatura, con la finalidad de atender y dar solución a dos problemas importantes.
Por un lago, el Gobernador del Estado propone reformar los artículos 403 y 407 del Código Penal, para endurecer la penalidad a quienes roben cualquier bien, equipo, componente o accesorio compuesto de material de fibra óptica, cobre, hierro, aluminio o cualquier otro metal, utilizados en bienes privados o en la prestación de servicios públicos.
También en el suministro de gas, instalaciones hidráulicas, energía eléctrica, telecomunicaciones, equipamiento urbano, industrial o agrícola.
De acuerdo a los considerandos de la iniciativa de VILLARREAL ANAYA, se trata de “inhibir” este tipo de conductas delictivas, que permita preservar el bien común de la sociedad tamaulipeca.
La segunda iniciativa signada por el mandatario estatal, persigue la donación de un bien inmueblede 49,269 metros cuadrados ubicado en Nuevo Laredo, a solicitud del General Brigadier, ROBERTO CLAUDIO DEL ROSAL IBARRA,Comandante de la Octava Zona Militar con sede en Reynosa, perteneciente a la Cuarta Región Militar de la SEDENA.
Con la donación del predio, en donde se construirán instalaciones de la Guardia Nacional, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYAcolabora con el Gobierno Federal para reforzar laseguridad pública.
Por la importancia del tema, a la iniciativa le dispensaron el trámite legislativo de turno a Comisiones, siendo aprobada por EDGAR MELHEM SALINAS, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, JOSÉ BRAÑA MOJICA y demás integrantes de la 65 Legislatura, con excepción de la diputada CONSUELO NAYELI LARA MONROY y la inasistencia justificada del diputado HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA.
Mientras que la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA, presentó la iniciativa que reforma la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en materia de “violencia obstétrica”.
Violencia que se manifiesta cuando las mujeres sufren regaños, amenazas, burlas, ironías, insultos, humillación o negación al tratamiento.
En este sentido, la coordinadora de la bancada de MORENA propone que se adicionen las fracciones VI, VII y VIII al artículo tercero de esta Ley, para que este tipo de violencia se sancione y erradique.
Finalmente, sin agotar el tema, la bancada que coordina EDGAR MELHEM SALINAS, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de LÓPEZ OBRADOR y al de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a través de DAMASO ANAYA ALVARADO, Secretario de Desarrollo Rural, a instalar una Mesa de Acuerdos que permita garantizar los precios de sorgo y maíz, para el presente ciclo agrícola.
Capirotada legislativa que confirma, la función de “caja de resonancia” que tiene el Congreso del Estado, de la variopinta problemática tamaulipeca.