Cd. Victoria, Tam.- El paisaje criminal de este fin de semana en la región de Jiménez, San Fernando, Matamoros y Reynosa nos remite de manera directa a los horrores vividos en 2010 tras la bipartición del cartel dominante que dio lugar a una feroz guerra intestina, con calles y caminos de Tamaulipas convertidos en campos de batalla.
Solo que hace 13 años no existían corporaciones como la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, ni la red de instalaciones castrenses que después consolidarían la presencia verde olivo en municipalidades como Mier y San Fernando. Tampoco había la infraestructura actual de SEMAR en Tampico, San Fernando y Matamoros.
Haciendo memoria, un año atrás, en 2009, se había desencadenado un rompimiento similar entre dos facciones de Sinaloa, la vieja cúpula del MAYO y el CHAPO contra sus antiguos socios y luego enemigos los hermanos BELTRÁN LEYVA.
Añádase a esto, el que la red de negocios en ambos litorales, Pacífico y Golfo, está bastante más interconectada de lo que los medios suelen suponer. Por poner un ejemplo entre muchos, las rutas de Iguala que salen por Reynosa.
Acaso entre las rupturas del 2009 y del 2010 pudiera no existir una estricta relación causa-efecto. Pero, al menos, podríamos entender ambos episodios en calidad de antecedente y consecuente. Tronó allá y tronó acá.
Ya en 2010, las batallas de Tamaulipas le acarreaban una andanada de mala prensa nacional a los gobiernos estatales, el equipo saliente de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y el entrante de EGIDIO TORRE CANTÚ.
Las dos masacres de San Fernando ocurrieron en las narices de las fuerzas federales. Nada decía la prensa calderonista de la indiferencia cómplice observada por los policías federales al mando de GENARO GARCÍA LUNA y los uniformados del general GUILLERMO GALVÁN.
Pasividad, inacción culposa, fenómeno que veríamos repetirse luego en Ayotzinapa, bajo el gobierno priísta de ENRIQUE PEÑA NIETO. Pese a ello, la televisión nacional concentró su reclamo en los gobiernos estatal y municipal.
CURADOS DE ESPANTO
Por ello las comparaciones donde cabe hoy subrayar coincidencias y diferencias. Las instituciones de los tres niveles tienen ahora memoria de lo vivido. La experiencia necesaria para identificar mejor los síntomas, adelantarse a los acontecimientos y atajar a tiempo el problema.
Esto es, antes de que trasladen su guerra y muevan trincheras a las ciudades, como sucedió hace 13 años, cuando los convoyes de civiles armados entraban y salían por plazas y libramientos, dueños entonces del territorio.
Conjurar la escalada sería tan solo la meta primera. Nadie quiere que en el suelo tamaulipeco se instale ese diagnóstico de mortandad crónica, estilo Michoacán, Guanajuato o Zacatecas.
Elementos en común también hay. Entre otros, la lucha entre dos organizaciones locales y la participación (antes y ahora) de un factor foráneo. En este caso, la empresa de Jalisco, apoyando a una de las fracciones en pugna.
Hace 13 años, el gobierno de la república se encontraba en el cuarto ejercicio de su mandato. Hoy en el quinto. En ambos se trata de administraciones que van de salida y sufren el desgaste de la sucesión próxima. El bienio final, cuando la ambición erosiona lealtades y parece aflojar las cadenas de mandos.
Se diría que los organismos de seguridad, estatales y federales, se encuentran mejor pertrechados ahora de hombres, de instalaciones y de armas.
Pero tiene que salir la orden terminante (en particular, la de Palacio Nacional) para que toda la maquinaria se ponga en funcionamiento en la defensa de la sociedad, los civiles, la gente pacífica, las familias.
El presidente LÓPEZ OBRADOR ratificó este martes su apoyo al gobierno del doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA. Sin embargo, obras son amores. Junto con los emotivos discursos deben venir la disposiciones terminantes para que las fuerzas federales le “atoren” al problema y pinten raya a la escalada delictiva.
GUERRA INFORMATIVA
También el martes, en conferencia de prensa el general secretario de Seguridad SERGIO HERNANDO CHÁVEZ GARCÍA, el secretario general de Gobierno HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ y el fiscal IRVING BARRIOS MUJICA ofrecieron un reporte básico de los acontecimientos recientes.
Por supuesto, la rivalidad añeja entre dos grupos, el recrudecimiento de su larga lucha por territorios que habría iniciado en los paisajes áridos de Méndez, vehículos quemados, entre ellos algunos “monstruos” de fabricación doméstica.
Horas después habrían empezado los bloqueos de calles en Matamoros. Se habla de 16, contados por vialidades. El flujo vehicular se restableció en poco tiempo, tras la intervención de las fuerzas de seguridad estatales y federales.
Lo que resultó inevitable fue la histeria colectiva, padres que prefirieron no enviar a sus hijos a clases y un número calculado de 74 escuelas que suspendieron labores.
El general secretario de SEDENA LUIS CRESENCIO SANDOVAL confirmó asimismo el envío de 710 efectivos militares para reforzar la seguridad en las municipalidades de Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez y Soto la Marina.
Con más detalle, se trata de 550 elementos del ejército, 60 de la Guardia Nacional, y 100 más del Grupo de Fuerzas Especiales, amén de helicópteros artillados.
Como ocurre en todas partes, el manipuleo partidista de la información superó en mucho al estrépito de las balas, llegó más lejos. Se insiste en que al menos uno de los grupos en pugna tiene cercanía con la camarilla panista que gobernó hasta septiembre pasado.
Más allá de cualquier interpretación política, la cercanía con el año electoral del 2024 está obrando en favor de que camarillas ambiciosas de poder sobrerreaccionen al ruido de los sables.
Razón de más para que las corporaciones de seguridad endurezcan el puño. Que el flujo informativo fluya con la celeridad necesaria y arrebate banderas a la impaciencia especulativa.