HUMO BLANCO-MAYO-31-23
Por Clemente Castro González
Es de esperar que los legisladores locales de Morena y quienes les marcan la línea, tengan clara la estrategia a seguir en el “apriete” contra de al Fiscal Anti corrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA y al Auditorio Superior el Estado, JORGE ESPINO ASCANIO;personajes que sirven al cabecismo.
Mal harían si no cuentan con una ruta bien trazada, que incluya los posibles escenarios que pueden presentarse al llamar a cuentas a éste par de servidores públicos.
Porque el ajuste a RAMÍREZ y ESPINO es una especie de medición de fuerza que tiene que ver con la política, lo legal y la pericia en el manejo de asuntos delicados.
Y si de lo que se trata es de acalambrar a los emisarios del pasado, hasta ahora los legisladores, que lideran el Congreso, no lo han logrado.
El tema sigue a nivel de exigencias ambiguas y de una narrativa para medios pero nada que el abogado y el ingeniero no hayan sorteado mediante acciones leguleyas y las mañas que les ha enseñado la vida.
Además, deben de contar con la asesoría de sus patrones para que no den su brazo a torcer y ganen tiempo, al menos de aquí al arranque del año electoral y hasta los comicios del 2024.
En el ambiente se percibe que la orden “superior” recibida por el Auditor y el Fiscal, tal vez es mejor decir fiscales, es resistir, meterle parsimonia y cinismo, a la par que se parapetan en la condición que tiene de manejarse con relativa autonomía de lospoderes ejecutivo y legislativo.
Para que no toquen a los funcionarios en mención se advierte que recurrirán a cualquier recoveco legal a fin de librarla y tratar de generar ruido a la actual administración estatal y al grupo de las y los diputados que lidera en la 65 Legislatura.
Ello pone en un serio predicamento a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, ÚRSUALA SALAZAR MOJICA, porque ESPINO ASCANIO, desde la primera “reunión de trabajo que tuvieron con los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, se pasó de listo y hasta éste martes 30 de mayo continuo haciéndolo.
Lo decimos ya que no ha entregado ni un solo expediente de los 42 requeridos por los diputados.
Ante la actitud marrullera y socarrona del Auditor le dieron un ultimátum para que cumpla o será sancionado por obstruir el trabajo legislativo.
Cierto que se sigue un proceso pero si se sale con la suya e ESPINO, SALAZAR MOJICA debería de dejar la Junta de Coordinación por su incompetencia para hacer efectiva la aplicación de la ley, incluso despedir al Auditor y al Fiscal. Y es que si ocurre un fracaso legislativo, alguien tendrá que pagar los platos rotos y no será ningún operador político del Gobierno estatal.
El añadido es que si los morenistas no dan resultados, tendrán que atenerse al revire de los “funcionarios carnales”.
A la propia SALAZAR MOJICA ya le podrían estar buscando “pecadillos” para restarle autoridad real y moral, más si se considera que ella estuvo sentada en el banquillo de los acusados cuando los panistas eran mayoría en el Congreso, debido a que fue exhibida pidiendo “moche” a un proveedor.
Por ese rumbo debe andar RAMÍREZ CASTAÑEDA y no solo en contra de ÚRSULA sino de servidores púbicos que son proclives a hacer “negocios” desde la función pública.
En cuanto a ESPINO ASCANIO, tampoco se duda que tenga a su equipo aplicado para descubrir irregularidades en cuentas públicas de distinguidos morenistas, por ejemplo alcaldes.
Las cosas pueden complicarse si se da un contra ataque del Fiscal y el Auditor para no ser removidos de los cargos, al tiempo que se victimizan.
Imagine usted que la “la mano que mece la cuna” ponga en acción coordinada a las fiscalías, el Poder Judicial y entes autónomos esgrimiendo la bandera de que sus espacios no se tocan. Sería el verdadero caos, con cargo y costo a la gobernabilidad y, por tanto, a los ciudadanos.
Las y los diputados de Morena y aliados tienen el tiempo encima y sino se aplican a fondo las cosas se complicarán, esto si se considera que al culminar junio se van a receso y regresan hasta octubre.
Por lo pronto habrá que señalar que se ven mal las y los legisladores al permitir que individuos de oscuro pasado y de cuestionable proceder les estén dando su “chamaqueada” mientras se desgastan en amagos y en dar nuevas oportunidades al Auditor para que este en posibilidad de cumplir con lo que mandata la ley.
En su reducto lo propio hace el Fiscal Anticorrupción al tener congeladas el grueso de las denuncias que hizo el Gobierno estatal, a través de su área jurídica, para llamar a cuentas a ex funcionaros de la entidad debido al daño causado al patrimonio de los tamaulipecos.
Dado lo que sucede es pertinente preguntar: ¿qué le hace, con nivel de eficiencia, elCongreso estatal para facilitar al Gobierno actual su labor y remarcar la diferencia con el pasado?
¿En dónde están los jurisconsultos capaces que quitar los nudos y trampas legales que dejaron en el sexenio anterior para obstaculizar la labor del actual mandato?
Se requiere es actuar y entregar buenas cuentas.