El Congreso Local aprobó la creación de dos Vicefiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, a fin de fortalecer la institución y destrabar el rezago acumulado desde el inicio del actual sexenio, en la atención de las denuncias por irregularidades detectadas del pasado gobierno.
“Han sido nulos los resultados y, como la Fiscalía se justificó en la falta de personal, se presentó, dictaminó y aprobó por el pleno estas figuras que tendrán responsabilidades específicas en la investigación y consignación de los delitos denunciados por el ejercicio irregular de los recursos públicos”, declaró la diputada Presidenta de la Junta de Gobierno.
Úrsula Patricia Salazar Mojica, rechazó que esta reforma pretenda neutralizar la reinstalación del titular de la Fiscalía, en cuyo caso, aclaró, se trata de otro exceso de los jueces federales de Reynosa, quienes han tendido un manto de impunidad en torno al exgobernador y sus cómplices, amparándolos contra la acción de la justicia, violentando el marco jurídico.
En el caso particular del reciente amparo, aclaró que nunca hubo una violación al anterior, como fue la queja y así lo certificó la misma instancia que, en cambio, le otorgó un nuevo amparo en sólo dos días, sin escuchar a las partes y usando criterios de la propia Corte, de tipo penal, en un asunto administrativo.
Dejó en claro que la sentencia sobre el Fiscal Anticorrupción suspendido de su cargo, establece que “será reinstalado”, pero tal fallo no ha sido notificado al Congreso, a quien compete la ejecutoria.
Confió en que los nuevos Vicefiscales, que serán nombrados por el Fiscal General en los cinco día posteriores a la vigencia de la reforma, retomen el trabajo, se judicialicen las carpetas y finalmente, se responda a la demanda de justicia a los y las tamaulipecas.
Por su parte, el Diputado Eliphaleth Gómez Lozano, propuso incorporar una fracción VI, al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia: “Haber sido declarado judicialmente sustraído de la de la acción de la justicia”.
“Se considera pertinente en razón de que la hipótesis de la evasión de la justicia en que pudiera incurrir un servidor público respecto de un llamamiento de la autoridad jurisdiccional, desde luego torna inaceptable la permanencia de dicha persona en el ejercicio del cargo, por lo que es indispensable que se establezca esa circunstancia como causal grave que dé lugar a la remoción respectiva”, refirió.