La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión que impide que Ethel María Maldonado Guerra sea separada como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León, como exigió el Congreso del estado y la Fiscalía Anticorrupción.
El ministro Alberto Pérez Dayán concedió la medida cautelar luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, impugnara la declaratoria de procedencia que aprobó el Congreso local el 8 de mayo de 2023 para que la Fiscalía Anticorrupción proceda penalmente en contra de Maldonado Guerra por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.
“Resulta procedente conceder la suspensión únicamente para el efecto de que el Congreso del estado a la Fiscalía Anticorrupción dependiente de la Fiscalía General de Justicia estatal, se abstengan de separar a Ethel María Guerra de su cargo y ejecutar la resolución final de la averiguación previa o carpeta de investigación que se haya iniciado en su contra, hasta en tanto este Alto Tribual resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnado” señala el resolutivo del magistrado Alberto Pérez Dayán.
Apuntó que con el otorgamiento de la suspensión no se paralizan los procedimientos de juicio político y de averiguación o carpeta de investigación de que se trata, sino que sólo se sujeta la ejecución de las resoluciones que pudieran dictarse y afectar al poder actor de la controversia, además no se afecten la seguridad y economía nacionales, si las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
“Únicamente se pretende preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable”.
El año pasado, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el desafuero de la titular del TJA de Nuevo León , pues contrató a su hijastro Érick Zavala Hernández, y a la novia de éste, Karen Montoya, para laborar en el órgano jurisdiccional en áreas dependientes de ella.
Por ello, el gobernador de Nuevo León inicio el juicio de amparo. Afirmó que el desafuero de la titular del TJA “incumple con las normas fundamentales que regulan su legalidad, pone en peligro la gobernabilidad, las instituciones públicas y los principios constitucionales del orden jurídico del Estado de Nuevo León, afectando gravemente a la sociedad que es la primer interesada que la interacción entre poderes se haga en estricto apego a la ley y que no exista una intromisión o dominancia de uno sobre otro”.
Agregó que de llevarse a cabo la continuación del proceso por parte del Poder Legislativo, “cometería diversas violaciones y conculcaría disposiciones constitucionales que es obligatorio observar como es no tomar funciones que no le corresponden y no fungir como autoridad sancionatoria cuando no tiene atribuciones para ello”.