Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han tomado la decisión, por mayoría, de reducir sus salarios y los de otros 319 altos funcionarios, con el objetivo de que en 2025 no superen el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, han optado por mantener ciertas prestaciones, como seguros privados de gastos médicos mayores, lo que ha generado críticas sobre la falta de una verdadera austeridad.
Durante una sesión privada, la Corte aprobó su proyecto de presupuesto de egresos para 2025 por un total de 5 mil 922.9 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal del 2.3% en comparación con el presupuesto de 2024. Sin embargo, en términos reales, se prevé una reducción del 1.4% debido a la inflación. La votación se llevó a cabo con ocho votos a favor y tres en contra, siendo la presidenta Norma Piña y otros ministros quienes apoyaron el proyecto, mientras que Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf expresaron su desacuerdo.
El ajuste salarial implica una reducción del 37.4% en los sueldos brutos mensuales de los ministros, que actualmente son de 297 mil 403.77 pesos. Con el ajuste, sus ingresos se equipararían más a los de la presidenta Sheinbaum, cuyo salario es de 186 mil 93 pesos. Este cambio afectará a un 9% de la plantilla total de 3 mil 805 trabajadores del tribunal.
No obstante, la ministra Batres criticó que, a pesar de la reducción de salarios, el proyecto no elimina las remuneraciones consideradas inconstitucionales y mantiene prestaciones que contradicen la Ley Federal de Austeridad Republicana. En su análisis, subrayó que, aunque la remuneración de los ministros se verá ajustada, seguirá siendo considerablemente mayor que la del Ejecutivo, pasando de una diferencia de tres a uno a dos a uno.
La controversia se intensificó con el notable aumento en el apartado de proyectos del presupuesto, que se prevé crezca un 74.9%, y el incremento del presupuesto operativo, que también aumentará un 8.2%. Estas cifras han llevado a cuestionamientos sobre la gestión y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La discusión sobre el presupuesto y los ajustes salariales en la SCJN pone de relieve tensiones sobre la austeridad y la transparencia en el gasto público. A medida que se avanza hacia el 2025, el camino que tome la Corte podría tener repercusiones significativas en la percepción pública de la justicia y la responsabilidad fiscal en México.