El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado una propuesta que busca depurar varios artículos clave de la reforma judicial, destacando la anulación de la elección popular de jueces y magistrados. Sin embargo, su proyecto permite que los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura Federal sean elegidos mediante esta misma vía.
La discusión sobre esta propuesta está programada para el próximo jueves en el pleno. El proyecto aborda las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los partidos PRI, PAN y MC, aunque rechaza las presentadas por el Partido Unidad Democrática de Coahuila y algunos legisladores de Zacatecas. Entre las modificaciones propuestas, se incluye la invalidación de la figura de jueces sin rostro y otros cambios relacionados con el amparo.
González Alcántara argumenta que es necesario revisar la reforma constitucional, equiparando ciertos artículos con leyes electorales federales. Esto permitiría que las acciones de inconstitucionalidad fueran procedentes en su contra. En su análisis, critica el método de selección de jueces, afirmando que el sistema de postulación y listas compromete los principios democráticos y republicanos del país.
El ministro sostiene que la falta de certeza en el proceso de selección impide que los ciudadanos confíen en quienes impartirán justicia, generando una falta de seguridad jurídica. En su proyecto, también se plantea la invalidación de la reducción de salarios para jueces y magistrados actuales, aunque permite que esta medida aplique a quienes ingresen en el futuro.
González Alcántara critica la figura de jueces sin rostro, argumentando que, lejos de proteger al juez, atenta contra el derecho al debido proceso de los imputados. Si bien se abstuvo de comentar sobre la elección de ministros, subrayó su deseo de resolver la crisis constitucional actual y restaurar las relaciones institucionales entre los poderes de la Unión.
Además, su propuesta incluye la eliminación de limitaciones en los juicios de amparo y la creación de un nuevo organismo en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, aunque sugiere anular algunas de las nuevas facultades asignadas. Finalmente, se mantiene la extinción de fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que acumulan más de 15 mil millones de pesos.