Ciudad de México. El gobierno mexicano, en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, realizó el traslado de 29 de los narcotraficantes más relevantes que se encontraban presos en México. La decisión fue tomada bajo las facultades de la Ley de Seguridad Nacional, a petición del gobierno estadounidense, debido al riesgo que representaban para ambos países. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que el traslado no implicó problemas jurídicos, aunque algunos de los capos tenían suspensiones judiciales en su contra, ya que la operación se basó en una solicitud de seguridad nacional. Entre los entregados destacan figuras como Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara, y los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas.
El operativo, que involucró a más de 3,500 elementos de diversas dependencias, incluyó un despliegue de vehículos y aeronaves, y se llevó a cabo con el objetivo de cumplir con los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad. Los 29 narcotraficantes, recluidos en nueve centros penitenciarios federales y dos locales, enfrentan acusaciones por delitos graves como el trasiego de fentanilo, homicidios, secuestros y lavado de dinero, entre otros. Gertz Manero señaló que estas personas representaban una amenaza tanto para México como para Estados Unidos debido a la violencia generada por las organizaciones criminales a las que pertenecen.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, añadió que el Gabinete de Seguridad Nacional actuó de forma rápida para evitar posibles liberaciones o retrasos en los procesos de extradición de los narcotraficantes, algunos de los cuales tenían casos pendientes desde hace años. Aunque algunos podrían enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, Gertz Manero reiteró que, conforme a la legislación mexicana, dicha pena no se aplica, y los acuerdos internacionales deben respetar la soberanía del país. Con este traslado, el gobierno mexicano reafirma su compromiso con la política de cero impunidad, asegurando que la seguridad de la nación está por encima de cualquier otra consideración.