Por resoluciones que favorecen a presuntos criminales, se han concretado 193 determinaciones judiciales que incluyen liberaciones, traslados y cambios de medida cautelar, denuncia Omar García Harfuch.
CIUDAD DE MÉXICO.– Más de un centenar de presuntos delincuentes han sido liberados o beneficiados con medidas judiciales favorables debido a resoluciones indebidas emitidas por diversos jueces, denunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Durante el periodo de 2024 y lo que va de 2025, se han registrado 193 decisiones judiciales que han permitido traslados, egresos definitivos y cambios de medida cautelar a favor de personas vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, homicidio y delincuencia organizada.
“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, declaró García Harfuch. En total, se han documentado 164 egresos por cambio de medida cautelar, dos egresos definitivos y 27 traslados a otros penales sin cumplir los protocolos establecidos.
Jueces señalados y casos emblemáticos
Entre los jueces con más resoluciones cuestionables destacan Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 fallos, y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15. En apenas seis meses —de octubre de 2024 a abril de 2025— fueron liberadas 26 personas ligadas a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos.
Uno de los casos más graves, señaló el titular de la SSPC, es el del juez Gregorio Salazar, quien ordenó la libertad de Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, y dictó auto de no vinculación a proceso contra Juan Enrique N, operador del Cártel del Golfo. También revocó la prisión preventiva a José Alfredo N, alias El Contador.
Asimismo, García Harfuch denunció que Silvestre Peña Crespo autorizó cinco traslados de internos vinculados con delitos como secuestro y corrupción de menores, entre ellos miembros de grupos delictivos de alto impacto.
Otro caso alarmante ocurrió en Guerrero, donde una jueza —no identificada por nombre— dictó libertad a Nabor N, alias El Camaleón, exjefe de plaza de La Familia Michoacana, implicado en el secuestro de siete agentes en 2009.
Además, Francisco Javier N, alias M-60, también de esa organización criminal, fue absuelto el pasado 10 de abril, pese a estar acusado por delincuencia organizada y secuestro. Días después, el 15 de abril, Nicolás Armando N, líder del Cártel del Golfo, obtuvo sentencia absolutoria por delitos similares.
Gertz Manero y Sheinbaum denuncian protección a jueces
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció que no se ha podido proceder penalmente contra estos jueces debido a un acuerdo interno del Poder Judicial, que impide iniciar procesos sin autorización superior. “Detectamos conductas ilegales, pero no nos dejan proceder”, afirmó.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el silencio de la oposición ante estos hechos. Defendió la propuesta de reforma al Poder Judicial, que busca que los jueces sean electos por voto popular y que se cree un Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar este tipo de conductas.
“La reforma nace del nepotismo y corrupción que hay dentro del Poder Judicial. No es autoritaria; es una respuesta a casos como estos, en los que la justicia favorece a los criminales”, concluyó Sheinbaum.