75 mil presos en riesgo por Covid-19 en cárceles de México

PN-X1011 : Expansion of the Comprehensive Security of Panama (APROSI).The objective of the program is to improve the coexistence and citizen security in the municipalities with the highest incidence of violence of Panama, through strategic, comprehensive, interagency and participative actions of youth violence prevention. The activities funded through this grant complement the activities of the Comprehensive Security Program of Panama.

Por Antonio Hernandez

En medio de la pandemia por covid 19, es limitada la información de los penales y no se han tomado medidas para las mujeres embarazadas, ni los grupos vulnerables, entre otras acciones más, lo que pone en riesgo a más de 75 mil personas privadas de su libertad en todos los penales del país.

Solo la Ciudad de México y Guanajuato dijeron que analizarían esos casos, pero hasta el momento ningún penal ha beneficiado a una mujer embarazada a de grupo en riesgo con excarcelación.

Así lo dieron a conocer Christel Rosales y Enrique Bouchot, investigadores del programa de justicia de México Evalúa al señalar que cinco por ciento de la población penitenciaria son mujeres y otro cinco por ciento son personas vulnerables

También destacaron que en México 4 de cada 10 personas privadas de la libertad están esperando su juicio y cumplen con un castigo adelantado y cuando no se les comprueba nada, son puestos en libertad sin ninguna compensación de daños ni un usted disculpe.

Y en este caso está el 37 por ciento de la población penitenciaria, esto es 75 mil 369 personas aproximadamente de los 188 mil 423 personas privadas de su libertad.

La investigación criminal es el gran talón de Aquiles, como el caso de José de la Cruz, quien estuvo preso 18 años en espera de recibir sentencia.

Aunque la cifra de internos sin sentencia dentro de un centro de reclusión puede variar, a manera de ejemplo están las cifras de Yucatán donde son dos de cada 10 personas y en Tlaxcala 6 de cada 10 son presos sin condena.

Christel Rosales destacó que la condición de aislamiento en penales es un elemento que propicia un factor de riesgo, toda vez que se hace imposible conservar distancia entre las personas.

Además, hay que analizar qué en algunos penales hay una deficiente provisión de servicios básicos. En estos centros se carece de agua potable, servicios de higiene, alimentos en buen estado y atención médica adecuada.

Apuntó que atendiendo recomendaciones para garantizar la salud de los internos en la Ciudad de México se han liberado por a 250 personas y se analizan 5 mil 500 casos más; en el Estado de México por liberación anticipada son 1 mil 859, 59 liberados y mil 836 con brazaletes electrónicos para ubicarlos , aunque sólo es el último punto donde estuvieron y en Coahuila 39.

Por su parte, Enrique Bouchot, en videoconferencia dijo que a nivel nacional en 33 por ciento de la población penitenciaria se encuentra privada de su libertad por algún delito de robo en sus diversas modalidades; el 18 por ciento en relación con homicidios; 8 por ciento violación y 6 por secuestro.

El robo es un delito que representa la mayor carga del trabajo o con los que más se presentan carga de trabajo en fiscalías y demás, tiene el potencial para saturar el sistema, por lo que para atender a los demás delitos se verían disminuidos.

Por eso es muy importante obtener instancias responsables de analizar las medidas al impacto del delito cometido, también es indispensable la discusión sobre la racionalidad y la irracionalidad de la provisión preventiva oficiosa, debe entenderse que no es la única ni la mejor forma de implementar las medidas para sancionar.

Serían 800 personas las que podrían ser liberadas con lo de amnistía, son personas indígenas que por su origen étnico hayan sido discriminadas y no hayan podido tener acceso a un intérprete. También personas con algna condición de discapacidad. Otro de los elementos tiene que ver con la posibilidad de liberar a mujeres presas por delitos de aborto.

La ley de amnistía previó que se podrían recibir solicitudes, a partir de los 60 días a su publicación. Estaríamos hablando de finales de junio y al día de hoy no tendríamos personas que se hayan beneficiado con esta medida

Por último, coincidieron en señalar que los gobiernos deberían asumir una política pro activa de emplear en menor medida la prision preventiva y de analizar estas distintas medidas de liberación.

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