El pico de la pandemia de COVID-19 en Honduras sigue creciendo, con decenas de muertos diarios y centenares de contagios, mientras que dos hospitales móviles cumplen una semana sin poder ser sacados de Puerto Cortés, en el Caribe, por presunta corrupción en su adquisición a una empresa de Turquía.
«La corrupción está metida en la compra de los hospitales que siguen en Puerto Cortés, pero muchos enfermos se están muriendo por falta de hospitales aquí en Tegucigalpa», dice a Efe Marcela Muñoz, minutos después de practicarse una prueba para saber si ha contraído la COVID-19.
Marcela se hizo la prueba en un centro instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en el oriente de Tegucigalpa, donde centenares de personas, al igual que en otros sitios similares, a diario hacen largas filas para hacerse un test ante el temor de estar contagiadas.
Lamentando su suerte porque se quedó sin empleo desde abril por el cierre de la cafetería donde trabajaba como administradora, Marcela, madre soltera y con una hija de dos años, dice que vive en el barrio La Cañada, «donde hay muchos vecinos con coronavirus».
Jorge Solana, de oficio albañil, decidió venir al Infop porque lleva «cuatro días con malestar, que puede ser COVID» porque asegura que no está «respirando bien».
Jorge expresó que no sabe si hay corrupción o no en los siete hospitales móviles que Honduras compró en abril a través de una empresa de Turquía, valorados en unos 48 millones de dólares, de los que los primeros dos llegaron el pasado 10 de julio, pero no han sido sacados de Puerto Cortés, por irregularidades en la documentación.
«Lo que sí sé, es que nos estamos muriendo por COVID y que en los hospitales públicos no hay cupo, ni en los privados, según lo que he escuchado, aunque nosotros los pobres estamos expuestos a morir en la casa o la calle por falta de una buena atención médica», añadió.
Jorge, casado y con cuatro hijos, también se quedó sin empleo «porque la construcción está paralizada por la pandemia».
La mayoría de unas diez personas con las que Efe quiso dialogar sobre su salud, no accedieron, algunos aduciendo que «los periodistas mienten», que «al Gobierno no le importan los pobres» o que «hay que respetar la privacidad de las personas».
TARDíA LLEGADA DE HOSPITALES
Al margen de que haya o no corrupción en la compra de los siete hospitales móviles, hecha a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), cuyo director ejecutivo hasta hace dos semanas, Marco Bográn, está siendo investigado por el Ministerio Publico, lo cierto es que los nosocomios estatales están «colapsando», según denuncias de fuentes médicas.
Lo que no entienden y lamentan muchos hondureños es la demora en llegar de los hospitales, con el agravante de que los dos primeros no pueden ser sacados de Puerto Cortés, por inconsistencias en algunos de los documentos de compra, cuyos originales son esperados hasta este viernes, según el Ministerio Público.
Para agravar más la situación, los otros cinco nosocomios móviles estarían llegando hasta dentro de seis semanas, informó el martes la hasta ahora titular de INVEST-H, Evelyn Bautista, quien la víspera presentó su renuncia irrevocable.
Los hospitales le urgen a Honduras, un país de 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60 por ciento son pobres y donde los sistemas de salud y educación siempre han sido deficientes.
Por lo que se ha visto durante la pandemia, y denuncias de varios sectores de sociedad civil, como el Consejo Nacional Anticorrupción, la Asociación para una Sociedad más Justa y el Colegio Médico Hondureño, entre otros, ha habido «improvisación» en el manejo de la enfermedad y «falta de transparencia» en la compra de equipo, materiales y otras necesidades sanitarias.
EL PICO DE LA PANDEMIA SIGUE EN ALZA
Los primeros dos casos confirmados de personas infectadas con COVID-19, en un lento proceso de las pruebas de laboratorio PCR, fueron confirmados el 11 de marzo.
Tres semanas después, cerrando marzo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), confirmaba que la cifra de muertos había aumentado a 10 y que los casos positivos con COVID-19 sumaban 172, aunque según fuentes médicas que están al frente de la pandemia, la cifra de contagios y fallecidos ya era mayor.
Desde el inicio de la crisis, el epicentro ha estado en el departamento de Cortés, en el norte del país, el de mayor crecimiento comercial e industrial, donde se localiza San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante, de un millón de habitantes.
Pero a raíz de que muchas personas no han acatado las medidas sanitarias, entre otras causas, el coronavirus se expandió por los 18 departamentos del país. El segundo con más casos es Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, que tiene 1,5 millones de habitantes.
Las pruebas de laboratorio PCR siguen lentas, con resultados que son de una o dos semanas atrás, mientras que los hospitales públicos cada vez tienen menos cupos, al igual que los privados, aunque el Gobierno ha abierto varios centros de triaje en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades con mayor incidencia de casos, para aliviar la carga de los nosocomios.
Después de más de cuatro meses de pandemia, la COVID-19 ha dejado, hasta el miércoles, al menos 825 muertos y 30.063 contagiados, en la peor desgracia sanitaria que ha vivido el país.
Sobre la presunta corrupción que ha habido en la compra de los siete hospitales móviles, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo el miércoles que «debe investigarse al detalle cada centavo y cada proceso», y que el Gobierno irá «hasta las últimas consecuencias, dentro de lo que le ley permite, para que el pueblo hondureño reciba lo que fue prometido».
Hernández indicó que «serían unos malnacidos aquellos que se aprovecharan de esta crisis para enriquecerse».
El problema denunciado en Honduras es que muchos implicados de la presente y pasadas Administraciones siguen impunes porque la corruptela no ha sido combatida con fuerza por la justicia, que también ha resultado salpicada en el pasado reciente por la corrupción de jueces y magistrados.