México hizo un contundente llamado en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC, por sus siglas en inglés) a que la comunidad internacional establezca y mejore los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias globales ilícitas de armas, el desvío del comercio y su tráfico transfronterizo.
Asimismo, exhortó a los gobiernos a animar a sus respectivos sectores privados, en particular a las empresas relacionadas con la producción, distribución y venta de armamento, a establecer medidas de autorregulación conforme a las legislaciones domésticas, para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos, pues actualmente priorizan sus ganancias sobre la seguridad y la paz mundial.
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón llevó al UNSC la posición de México en torno al tráfico de armas pequeñas y ligeras y destacó la urgencia de que ese órgano de las Naciones Unidas debe hacer más contra esta problemática
El tráfico de arsenal es “un fenómeno presente en todos los conflictos armados, que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil, destruye el tejido social y propicia la violencia, en especial contra los grupos más vulnerables. Genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad. En contraste, las compañías productoras y distribuidoras de estas armas, con prácticas irresponsables, mantienen ingresos abundantes y en ascenso”, subrayó.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) preside el debate sobre el tema en el UNSC –que fue propuesto por México, que este mes ocupa la presidencia rotativa de ese organismo—, en el que participarán los representantes de 50 delegaciones y se realiza en estos momentos en la sede del Consejo, en Nueva York.
“Si no hubiera una disponibilidad casi ilimitada de armas, la mayoría de los conflictos armados bajo la agenda del Consejo tendrían más oportunidades de soluciones pacíficas. Mientras los actores en conflicto, especialmente aquellos grupos no estatales, mercenarios y criminales, mantengan su poderío militar y material, optarán por la vía de la fuerza por encima del diálogo, la política y la diplomacia. Las situaciones en Myanmar, la República Democrática del Congo, Somalia o Yemen, por mencionar algunas, serían muy diferentes, si hubiera un mejor control del tráfico de armas transfronterizo”.
Remarcó que ha habido muchos esfuerzos desde las Naciones Unidas para fortalecer la cooperación y acción conjunta, que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, así como sus terribles consecuencias. “Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes.
“Tenemos que hacer más. Debemos hacer más para disminuir el desvío y tráfico de armas y sus consecuencias negativas, en particular en países que se debaten con altos niveles de violencia criminal”.
La convicción de México, planteó, es que los gobiernos y el sector privado deben de trabajar de manera conjunta para frenar el tráfico de armas y sus efectos nocivos en las poblaciones.
“Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley, no lleguen a manos criminales”.
Y sobre esa base, recordó, en agosto pasado México presentó una demanda civil ante una Corte de Estados Unidos en contra de once empresas de la industria de las armas, “por prácticas intencionales y negligentes en la producción y comercialización de armas que propician el trasiego ilegal y, en consecuencia, afectan a nuestra población e incrementan la violencia”.
El canciller acotó que ese litigio no intenta cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino de denunciar aquellas “prácticas negligentes” que generan graves consecuencias en otras poblaciones.
“México denuncia en la demanda que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan daños graves para nuestras sociedades y considera a este litigio como una cuestión de principio y una obligación moral para evitar el dolor y afectación a miles de familias que se han visto afectados por el uso de armas ilegalmente traficadas, así estén clasificadas como pequeñas y ligeras”.
Ebrard Casaubón señaló que las cifras globales sobre las muertes de civiles en conflictos armados causadas por armas pequeñas y ligeras, así como el número de víctimas mortales por los actos de violencia armada que son ajenos a los conflictos, es alarmante.
Diversas fuentes estiman que, cada día, alrededor de 500 personas pierden la vida y otras dos mil resultan heridas por disparo de arma de fuego en el mundo.
Agregó que en América Latina hay cifras anuales de violencia y muertes por armas de fuego aún mayores que las observadas en varias de las zonas en las que se reconoce un conflicto armado: En cerca de 75 por ciento de los homicidios y feminicidios está involucrada un arma de esta naturaleza.
“No quiero dejar de mencionar el impacto desproporcionado que tienen el tráfico y el desvío de armas pequeñas y ligeras sobre las mujeres y los niños, así como niñas. Según datos de las Naciones Unidas, más de 8 mil niñas y niños han muerto o han quedado mutilados en 21 situaciones de conflicto armado. Y aunque la disponibilidad de armas afecta tanto a mujeres como a hombres, es imperativo reconocer las repercusiones de género derivadas del tráfico y el desvío de estas armas, como facilitadores de todo género de violencia incluyendo la violencia sexual en los conflictos, y de muchas otras dinámicas que afectan la integridad y la vida de las mujeres y los niños”.
El canciller mexicano enfatizo que las acciones de la comunidad internacional deben reconocer que el combate al tráfico y al desvío de este tipo de arsenal, tanto en el lugar de su destino como en su origen, se trata de una responsabilidad compartida, y dichas acciones deben ser complementarias en todos los niveles.