LOS HECHOS
POR José Inés Figueroa Vitela
Y todavía se atreven a reclamar, manifestarse, hacer escándalo y obstruir las vías de comunicación.
Que los empleados del Poder Judicial ganen buenos sueldos resultaría bueno y deseable será, que no solo ellos estuvieran en esa condición.
Eso no es lo que se critica y reclama, por el pueblo en general, como tampoco es lo que les andan quitando, aunque ellos lo anden pregonando así de acá para allá, más por desinformación y manipulación, que por conciencia plena.
El reclamo airado es por la podredumbre a que llevaron a ese Poder los políticos del unipartidismo prianista, creando un sistema de corrupción que a todos nos afecta y en los que, los primeros responsables son los jueces y magistrados que han puesto la justicia al mejor postor.
Los de ellos, sí son sueldos estratosféricos, tasados en cientos de miles de pesos mensuales, pero lo más lastimoso a esa sangría, es cómo, la “justicia” sigue puesta al servicio de quien la paga y no a través de los impuestos de donde salen sus emolumentos legales.
La protección de impunidad concedida al exgobernador de triste memoria y sus cómplices, por los jueces federales de Reynosa, no se puede entender de otra manera que como producto del cohecho y la corrupción.
En el más fresco botón de muestra, los integrantes del Tribunal Colegiado segundo, desconocieron los criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, usando argumento de aplicación penal, a un procedimiento administrativo, para de un día para otro, sin conocer la contraparte y su acuerdo, ordenar la reinstalación del no menos corrupto Fiscal Anticorrupción, sin el menor recato.
RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, entró al ente jurisdiccional sin reunir los requisitos, comprometiéndose a cumplir después con los exámenes de control y
confianza, pero, cuando finalmente pudieron aplicárselos, resultó reprobado y a partir de entonces, se ha mantenido en el cargo con la complicidad de los jueces federales.
Los diputados locales encontraron que no estaba cumpliendo y lo separaron del cargo, mientras se aclaraba su situación, pero, otra vez los jueces que han brindado un manto de impunidad contra el exgobernador y sus cómplices, ordenaron se le restituyera.
Contra la campaña panista, cuestionando las resoluciones legislativas, el propio Juzgado VII rechazó el recurso de queja por violación al amparo del año pasado, reclamado por aquel y de manera unilateral, el Colegiado determinó hacer un procedimiento distinto para darle el nuevo amparo.
Desde entonces ya estaban en paro las instancias del Podr Judicial de la Federación, en lo que permanecían ayer, cuando otra vez, su Juzgado VII de Reynosa, le otorgó otro amparo contra la orden de aprehensión y “actos que importen privación de la vida”.
¿Alguna duda de los niveles de impunidad y complicidad?
Se dice que obró una cifra de seis dígitos, en dólares, recabada entre los exintegrantes del gabinete estatal, en el pasado sexenio, quienes aparecen en las querellas que ha archivado bajo tres candados el corrupto Fiscal Anticorrupción.
Es tal el desaseo cómplice, que el tal RAMÍREZ CASTAÑEDA no esperó a cubrir las formalidades, sino que se fue a meter a las oficinas desde la semana pasada, anunciando que ya estaba en funciones, violentando otros preceptos jurídicos.
Hasta ayer, el Congreso Local no había sido notificado por el Tribunal y en consecuencia, no había causado vigencia el acto, no se podría haber instalado porque además, ni siquiera se ha tomado la protesta de la ley para que todo servidor público pueda asumir la responsabilidad.
La pregunta de respuesta conocida, sigue siendo:
¿Para qué quiere RAÚL RAMÍREZ mantenerse como Fiscal Anticorrupción si desde el origen sabe que no puede estar ahí por inelegibilidad y conflicto de interés y más temprano que tarde deberá responder a la justicia?
No hay un solo motivo digno, legal o justiciero.
Vergüenza debería de darles, cosa que no conocen