La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes no analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra reformas a la Ley Federal de Derechos (LFD) de 2023, que destinan recursos provenientes del turismo y de servicios aeroportuarios a proyectos estratégicos del gobierno federal y a infraestructura administrada por las Fuerzas Armadas. Con una votación de cinco ministros contra cuatro, el pleno concluyó que modificaciones posteriores aprobadas por el Congreso y cambios constitucionales realizados en 2024 dejaron sin materia la impugnación.
La controversia se centraba en los artículos 18-A y 220-A de la LFD, que contemplan la asignación de recursos para el Tren Maya y un cobro del 9 por ciento de los ingresos brutos de concesionarios aeroportuarios para financiar infraestructura bajo control militar. Mientras la oposición argumentó que estas medidas favorecen la militarización de funciones públicas y afectan principios de gasto público, la mayoría de los ministros consideró que las reformas posteriores modificaron sustancialmente el contenido de las disposiciones impugnadas, incluyendo la distribución de recursos entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, por lo que resolvieron sobreseer completamente el asunto.