Por María Jaramillo Alanís
Resulta que las y los diputados, o no saben leer o prefieren ignorar que hay disipaciones, leyes y reglamentos para la operación de escuelas. Porque las escuelas privadas no aparecen por generación espontánea: para instalarse necesitan autorización, incorporación oficial y una Clave de Centro de Trabajo otorgada por la autoridad educativa. Sin esos «pequeños permisos» simplemente estarían fuera de la ley.
Entonces, ¿para qué una Ley Dafne? Como proponen algunos diputados locales.
Suena más a una respuesta mediática ante el feminicidio de una menor que a una solución jurídica de fondo. La tragedia ha sido revictimizada una y otra vez y ahora los legisladores anuncian una ley para endurecer requisitos y evitar que vuelva a ocurrir un caso similar.
Pero la pregunta es otra: ¿por qué, en lugar de inventar una nueva ley o reglamentos, no le exigen a la Secretaría de Educación de Tamaulipas que haga el trabajo para el que ya tiene facultades?
Porque todas las escuelas particulares tienen un eje rector: la Secretaría de Educación estatal y federal.
La Academia Militarizada de Marina Doenitz, que operaba en Ciudad Madero, estaba –está-registrada oficialmente ante la SET con la Clave de Centro de Trabajo 28PST0049L, correspondiente al nivel de secundaria. Es decir, no era una institución clandestina; estaba incorporada al sistema educativo estatal.
Los registros oficiales señalan como director a Alfonso del Ángel Castellanos, aunque quien terminó al frente de la institución fue Jorge Luis Ponce, hoy detenido, como presunto responsable del feminicidio de Dafne. Aquí surge otra pregunta: ¿en qué momento cambió la dirección del plantel y quién autorizó esa modificación?
Todavía más grave: la academia cambió de domicilio al menos en tres ocasiones y, aun así, conservó su registro oficial.
¿Nadie en la SET revisó esos movimientos?
¿Nadie verificó que siguiera cumpliendo las condiciones bajo las cuales recibió la autorización?
El ITIFE también se hizo ojo de hormiga, jamás verificó las condiciones físicas de esta disque escuela militarizada.
La propia Secretaría de Educación Pública ha aclarado que no reconoce ni supervisa un modelo federal de educación básica militarizada, dejando esa responsabilidad en las autoridades estatales. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional fue todavía más clara: no tiene facultades para autorizar, inspeccionar o regular ese tipo de instituciones porque se trata de escuelas privadas de carácter civil.
Es decir, ninguna autoridad federal asumió esa responsabilidad.
Toda la supervisión recaía en la autoridad estatal.
Y, sin embargo, el problema no termina ahí.
En Reynosa opera el Bachillerato Militarizado Reynosa, con la CCT 28ECT0003J, creado e inaugurado en el 2018 por el gobernador prófugo y su séquito de saqueadores; y opera también el Colegio Militarizado Calmecac, que incluso promociona sus servicios públicamente, también en Reynosa.
Entonces la pregunta es inevitable.
Si después de esta tragedia siguen existiendo planteles que se anuncian como militarizados, ¿qué es exactamente lo que pretende corregir la llamada Ley Dafne?
La muerte de una adolescente obliga a revisar el modelo de supervisión educativa, las lagunas legales y, sobre todo, las facultades con las que durante años se han otorgado permisos para abrir escuelas privadas. Si existen vacíos normativos, que sean especialistas en derecho educativo quienes los identifiquen y propongan las reformas correspondientes.
Lo que no puede aceptarse es que el Congreso pretenda vender como solución una nueva ley cuando ni siquiera se ha explicado por qué falló la aplicación de la legislación vigente.
El diputado de Morena Alberto Moctezuma Castillo anunció que la Ley Dafne busca impedir que operen instituciones sin certificaciones, supervisión y lineamientos oficiales.
La intención suena impecable.
El problema es que eso ya debería estar ocurriendo.
Porque si una escuela obtuvo permisos, cambió de directivos, modificó domicilios y continuó operando sin que nadie detectara irregularidades, el fracaso no fue de la ley, sino quienes tenían la obligación de hacerla cumplir.
Legislar después de una tragedia siempre genera aplausos.
Hacer cumplir la ley antes de que ocurra una tragedia genera responsabilidades.
Y esa diferencia, al parecer, algunos diputados todavía no la entienden.
Cerrar escuelas militarizadas es una opción que el Estado debe considerar seriamente, no hacerlo es dejar la puerta abierta a todo tipo de abusos, o crímenes como el de Dafne.
Desde Mi Trinchera…