Por María Jaramillo Alanís
La violencia extrema contra las mujeres comenzó prácticamente con el año. Nadie imaginó que una niña de apenas cuatro años, con discapacidad, moriría a consecuencia de los golpes que recibió de quien debía protegerla: su propia tía y cuidadora. Desde entonces, los casos se han acumulado. Ocho mujeres y niñas han perdido la vida en circunstancias que obligan a las autoridades a investigar con perspectiva de género. Cada una tenía nombre, apellido, una historia y una familia. Y cada una merece justicia.
Mientras la respuesta institucional siga limitándose a declaraciones y conferencias de prensa, continuará enviándose un mensaje peligroso: que la violencia contra las mujeres puede esperar y que la impunidad sigue siendo una posibilidad.
Y mire, querido lector, aunque la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, no ofreció cifras concretas, sus declaraciones resultan preocupantes. Reconoció que la violencia familiar continúa siendo el delito de mayor incidencia en el estado y representa la principal carga de trabajo para las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Más importante aún fue su reconocimiento de que la solución no puede limitarse a los procesos penales. La magistrada señaló que el incremento de los casos exige una estrategia integral que combine prevención, atención social, mecanismos judiciales eficaces y políticas públicas orientadas a reducir la violencia dentro de los hogares.
También explicó el camino tortuoso de la Justicia. Que una gran parte de las denuncias permanece en la etapa de investigación dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado y que, una vez judicializados los asuntos, con frecuencia se privilegian mecanismos alternativos de solución de controversias cuando la legislación lo permite. Sus palabras fueron claras: «tratamos de atender las causas».
Y precisamente ahí surgen las preguntas y cavilaciones.
La violencia familiar no siempre desemboca en un feminicidio, pero prácticamente ningún feminicidio surge de la nada. Antes hubo señales de alarma, agresiones normalizadas, instituciones que llegaron tarde y una sociedad que aprendió a convivir con la violencia ¿O somos realmente una sociedad violenta?
La legislación mexicana reconoce al feminicidio como la forma más extrema de violencia contra las mujeres por razones de género y, en numerosos casos, está precedido por agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales que durante años fueron ignoradas o minimizadas.
Entonces, si ya se conocen las causas, ¿qué está haciendo el Estado para intervenir antes de que una mujer sea asesinada?
Es evidente que los organismos que aplican las políticas públicas para y por las mujeres, han fallado. Son un fracaso porque solo son el trampolín para acceder a otros puestos más redituables, que no son otros que los de elección popular, mientras, solo hacen como que se trabaja por el bien de ellas. Y casi todo es una simulación, las únicas beneficiadas son justamente las que dirigen esas dependencias.
Que expliquen ellas y ellos, los de las instituciones; ¿Quién atendió el duelo de las madres y padres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos? ¿Quién acompañó psicológicamente a las familias que un día dejaron de saber de una hija, de un hermano, de un padre o de una abuela? ¿Quién reconstruyó el tejido social después de décadas de violencia? La respuesta, lamentablemente, parece ser la misma: muy pocos.
Porque sí, tanto la violencia familiar como el feminicidio son fenómenos multifactoriales. Están relacionados con la desigualdad, impunidad, normalización de la violencia, consumo de drogas, abandono institucional, pobreza, problemas de salud mental y patrones culturales profundamente arraigados. Combatirlos exige mucho más que abrir carpetas de investigación y discursos sobre el empoderamiento de las mujeres.
Los datos tampoco permiten minimizar el problema. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas se ubicó entre las entidades con mayor incidencia de feminicidios del país, (Quinto lugar nacional) una posición que evidencia que la violencia feminicida sigue siendo un desafío para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres.
Especialistas y organismos defensores de derechos humanos coinciden en que no basta con castigar a los responsables. Es indispensable fortalecer la prevención, la protección de mujeres en riesgo, la atención a las víctimas indirectas, la investigación con perspectiva de género y la coordinación entre fiscalías, poderes judiciales, sistemas de salud, educación y asistencia social.
Los casos recientes mantienen abierta esa herida. El de Dafne, una adolescente de 13 años fallecida tras un entrenamiento en una escuela militarizada, conmocionó a la sociedad tamaulipeca y exige el esclarecimiento pleno de los hechos y el deslinde de responsabilidades. También está el asesinato de las gemelas Dinorah y Denisse, en el poblado El Control, municipio de Matamoros, cuya investigación ha generado cuestionamientos públicos sobre la rapidez y eficacia de las autoridades.
La justicia no puede depender del tiempo mediático ni de la presión social. Debe actuar con oportunidad, profesionalismo y se insiste; con perspectiva de género. Investigar con ese enfoque no significa favorecer a las mujeres; significa comprender el contexto de violencia estructural para evitar que los prejuicios impidan conocer la verdad y sancionar a los responsables.
Cada feminicidio representa el fracaso de múltiples instituciones. No solo falla quien mata; también fallan los sistemas que ignoraron las denuncias, minimizaron las amenazas, normalizaron la violencia o llegaron demasiado tarde.
Porque detrás de cada cifra hay una silla vacía, una familia rota y una sociedad que sigue preguntándose cuántas mujeres más tendrán que morir para que la prevención deje de ser un discurso y se convierta, por fin, en una política de Estado.
Desde Mi Trinchera…