Por María Jaramillo Alanís
Hay protestas que reclaman transparencia.
Y hay protestas que, bajo el argumento de defender derechos laborales, dejan la incómoda impresión de que lo que realmente está en juego es otra cosa: el control.
La colocación de cadenas y candados en las oficinas de la Coordinación de Educación Física pretende presentarse como una exigencia de revisión de horas y plazas. Es un reclamo que, en principio, podría parecer legítimo.
Pero cuando una protesta termina afectando el funcionamiento de oficinas públicas, la pregunta inevitable es: ¿quién gana con el conflicto y qué intereses se están defendiendo?
Docentes de Educación Física han cuestionado el trasfondo de esta movilización y señalan que desde la Sección 30 del SNTE se estaría intentando conservar el control de un área que, desde hace años, ha sido objeto de disputas internas.
Los señalamientos alcanzan a María de Jesús Lara Tijerina, conocida como Marichuy, así como a familiares suyos, (imágenes sobran) a quienes se atribuye participación en el cierre de las oficinas.
Y aquí vale preguntar, sin rodeos: ¿Se están defendiendo los derechos de los maestros o se está defendiendo un espacio de poder?
Porque si lo que se pretende es transparentar horas, plazas y perfiles, entonces que se abran los expedientes, que se revisen las asignaciones y que la autoridad explique públicamente quién ocupa cada plaza, con qué perfil y bajo qué fundamento.
Eso sería transparencia.
Lo demás corre el riesgo de convertirse simplemente en una disputa por el control de una oficina pública.
Y mientras el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño consolida su influencia dentro de la Secretaría de Educación, resulta inevitable preguntarse si la Coordinación de Educación Física será también parte de ese tablero de piezas sindicales.
Porque una cosa debe quedar clara; las instituciones educativas no son propiedad de los sindicatos. Mucho menos de familias o grupos políticos.
Son instituciones públicas.
Los edificios públicos tampoco son patrimonio de quienes temporalmente ocupan un cargo o tienen influencia dentro de una organización sindical.
Por eso, si hubo cadenas y candados, la autoridad debe explicar quién los colocó, por qué se permitió y bajo qué circunstancias.
Sin gritos.
Sin consignas.
Con documentos.
Porque la transparencia no se exige solamente cuando conviene. También se practica cuando puede resultar incómoda.
Y aquí aparece nuevamente el apellido Lara Tijerina.
Un apellido que durante años ha tenido presencia en el ámbito deportivo y sindical de Tamaulipas y que, precisamente por esa influencia, debería ser el primero en aceptar que el escrutinio público no puede ser selectivo.
Los docentes también han pedido revisar las horas asignadas a familiares de integrantes de ese grupo y cuestionan si algunas personas cuentan realmente con el perfil correspondiente al nivel educativo en el que aparecen.
La respuesta no debe darse mediante descalificaciones.
Debe darse con documentos.
¿Quién tiene las horas? ¿Cuántas tiene? ¿Qué perfil acredita? ¿Dónde trabaja? ¿Qué funciones desempeña?
Esas preguntas son perfectamente legítimas cuando se habla de recursos públicos.
Y si todo está en orden, mucho mejor.
Pero si algo no está en orden, entonces la obligación de la autoridad es corregirlo.
No protegerlo.
Los antecedentes también cuentan
En esta historia aparece además Mariano Lara Tijerina.
En 2007, el órgano de control interno de la CONADE sancionó a Lara Tijerina con una multa superior a 195 mil pesos y una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos, a raíz de hechos relacionados con el Mundial de Atletismo de Osaka. También fue sancionado por la Confederación Deportiva Mexicana.
Son antecedentes públicos que pueden y deben ser consultados.
Por eso resulta inevitable cuestionar que, años después, Mariano Lara Tijerina haya tomado la palabra en un acto de enorme relevancia para el magisterio tamaulipeco, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para hablar en representación de egresados de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas.
La diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera fue quien propuso su participación. Quizá su intención fue reivindicar una trayectoria deportiva. Quizá consideró que los antecedentes habían quedado atrás.
Pero en política y en la vida pública existe algo que no prescribe tan fácilmente: la memoria.
Y la memoria obliga a preguntar si las instituciones deben otorgar nuevamente espacios de representación a personas cuyos antecedentes públicos han sido manchados por la corrupción y sancionados por ello.
No se trata de borrar trayectorias.
Se trata de NO borrar la historia.
Porque cuando una persona recibe el privilegio de hablar en nombre de una institución o de un sector, también está exponiendo a esa institución al juicio público.
¿Quién controla a quién?
Lo verdaderamente preocupante no es un apellido.
Es la posibilidad de que un apellido, una organización sindical o un grupo de influencia termine pesando más que las propias instituciones.
Si los docentes tienen razón en sus cuestionamientos, que se investigue. Si están equivocados, que se demuestre. Si las horas fueron asignadas conforme a derecho, que se publiquen los criterios. Si alguien carece del perfil, que la autoridad lo explique.
Y si alguien pretende conservar una posición por razones distintas al interés educativo, que también se diga.
Porque los tiempos en los que determinadas oficinas parecían tener dueño deberían haber quedado atrás.
La Secretaría de Educación no es del SNTE. La Coordinación de Educación Física tampoco.
Y ningún grupo familiar debería sentirse con derecho de decidir quién entra, quién sale y quién permanece.
Tamaulipas necesita instituciones que respondan a los maestros, a los alumnos y a la sociedad. No instituciones sometidas a cuotas, lealtades o intereses particulares.
Por eso, quizá la pregunta del título tenga una respuesta más sencilla de lo que parece: No. La historia de la Educación Física de Tamaulipas no debería escribirla una familia.
Tampoco un sindicato. Mucho menos un grupo de poder.
La historia debería escribirla el trabajo de miles de maestros que durante décadas han sostenido la educación pública.
Y si alguien considera que es injusto, la respuesta no está en los insultos ni en las presiones.
Está en algo mucho más sencillo: que salgan los documentos.
Porque cuando todo está en orden, la transparencia no da miedo.
Lo que da miedo es que alguien quiera cerrar con cadenas lo que es del puebloy lo que la sociedad tiene derecho a saber.
Desde Mi Trinchera…