Por María Jaramillo Alanís
Hay momentos en que la política deja de ser una discusión de partidos y se convierte en una pregunta elemental para cualquier ciudadano: ¿Dónde quedó el dinero público?
En Tamaulipas, esa pregunta no puede responderse con insultos, discursos partidistas ni con la cómoda salida de llamar “persecución política” a todo señalamiento.
En el caso del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca existe una realidad que nadie debería esconder debajo de la alfombra: hay denuncias, investigaciones, expedientes y procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades cometidas durante su administración.
Y cuando hablamos de dinero público, la sociedad tiene derecho a preguntar, exigir documentos y reclamar responsabilidades.
Uno de los casos más graves es el de la Secretaría de Bienestar Social.
En junio de 2026, la exsecretaria de esa dependencia, Yahleel Abdalá, fue vinculada a proceso por un presunto desvío cercano a mil millones de pesos.
La acusación está relacionada con cuatro contratos para la adquisición de despensas por 985 millones de pesos durante la administración de García Cabeza de Vaca.
Aquí debemos precisar que la vinculación a proceso no significa que la exfuncionaria ya haya sido condenada. Significa que un juez consideró que existían elementos suficientes para que la exsecretaria de Vaca, enfrente un proceso penal.
Pero tampoco puede decirse que se trate simplemente de un rumor de redes sociales. Hay una carpeta de investigación, hubo audiencias judiciales y existe una determinación de un juez.
Y entonces aparece una pregunta política inevitable:
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes ocuparon los cargos superiores de una administración cuando debajo de ellos se realizan operaciones que terminan provocando presuntos quebrantos millonarios?
La responsabilidad política y administrativa, merece una explicación pública y jurídica.
En la Secretaría de Salud el asunto tampoco es menor.
El Gobierno de Tamaulipas informó en agosto de 2025 que presentó 70 denuncias, 14 de ellas penales, contra García Cabeza de Vaca, exfuncionarios y particulares por presuntas irregularidades en contratos de servicios durante 2017 y 2018.
El monto señalado como presunto quebranto fue de 343 millones 966 mil pesos.
Y aquí aparece otro elemento particularmente delicado: las autoridades estatales señalaron contratos por alrededor de 500 millones de pesos y cuestionaron que aproximadamente 157 millones de pesos no fueron cubiertos, sin encontrar hasta entonces evidencia de que los proveedores hubieran reclamado judicialmente ese pago.
¿Es una acusación documentada que debe investigarse? Sí.
Y esa diferencia es precisamente la que debería prevalecer en el debate público.
Entonces, ¿qué responsabilidad tiene Cabeza de Vaca?
Aquí está el punto central.
No basta con que haya sido gobernador para atribuirle automáticamente cada peso irregular de cada dependencia. Aunque a decir verdad, cuando el poder se ejerce de manera unipersonal, el único responsable es el Jefe del Ejecutivo, quien designa a cada servidor público y éstos solo le rinden cuentas a él. Y aplica para todos los gobernadores de cualquier color partidista.
En un Estado de derecho, la responsabilidad penal es individual y debe demostrarse.
Pero esa misma regla no puede ser utilizada para decir que un gobernador no tiene ninguna responsabilidad política sobre lo que ocurre bajo su administración. Un gobernador dirige el Poder Ejecutivo. Nombra a integrantes de su gabinete y establece las políticas y mecanismos de administración pública.
Por eso la pregunta legítima no es solamente: ¿Cabeza de Vaca firmó personalmente cada contrato?
La pregunta también es:
¿Qué sabía el gobernador? ¿Qué autorizó? ¿Qué funcionarios respondían directamente ante él? ¿Qué controles existían? ¿Qué irregularidades fueron denunciadas durante su gobierno? ¿Qué se hizo para corregirlas? ¿Y quién se benefició? Todos respondían al interés de Cabeza de Vaca.
Esas preguntas no constituyen una sentencia. Constituyen una exigencia de rendición de cuentas. Y el problema es que los números empiezan a acumularse
Una investigación publicada en julio de 2026 reportó que los expedientes relacionados con la administración de García Cabeza de Vaca acumulaban 2 mil 423 millones 433 mil pesos en montos específicos reclamados a exfuncionarios por presuntos actos de corrupción, incluyendo asuntos de Bienestar Social, Salud, Finanzas, Educación e ITACE.
¿Significa esto que Cabeza de Vaca personalmente se robó 2,423 millones de pesos? No. Significa que el gobierno que encabezó dejó detrás una serie de expedientes por presuntos quebrantos millonarios –corrupción-que deben aclararse. Sí.
Y esa realidad tampoco puede desaparecer con la palabra “persecución”.
¿Y qué pasó con la documentación de las obras?
Hay otro asunto que merece una explicación particularmente seria: el señalamiento de que documentación relacionada con las obras públicas, concursos y contratos de aquella administración habría desaparecido.
Jesús Lavín Verástegui ex secretario de administración y de Finanzas de la 4 T, lo dijo en alguna ocasión, “que de obras públicas habían desaparecido hasta el libro blanco” no estaba documentado las obras que se hicieron, cuánto costaron, quién concursó, quién ganó las licitaciones y cuánto se pagó no está disponible, la pregunta es obligada: ¿Dónde está?
Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se gastaron sus impuestos.
La transparencia no es un favor del gobierno. Es una obligación. El dinero público no tiene partido
Aquí es donde la discusión debería abandonar el terreno de los del chismorreo y de las redes sociales.
Pero si alguna acusación es falsa o exagerada, también debe demostrarse y corregirse.
Porque el dinero público no es de Morena, ni del PAN, ni del PRI.
Es de los tamaulipecos.
Quien acusa, prueba. Pero quien gobernó –Cabeza de Vaca-también debe explicar.
Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso, tiene razón en una cosa fundamental: las acusaciones no deben quedarse en declaraciones políticas.
Pero hay que aplicar exactamente la misma regla a todos.
Quien acusa tiene que probar.
Los fiscales tienen que investigar. Los jueces tienen que decidir.
Y nadie debería utilizar el poder político para sustituir a los tribunales.
Pero hay una segunda verdad que tampoco debemos olvidar: la presunción de inocencia no significa presunción de inexistencia de los hechos investigados.
Cuando una exfuncionaria está vinculada a proceso por un presunto quebranto de 985 millones de pesos, cuando existen 70 denuncias en Salud por más de 343 millones, y cuando distintos expedientes acumulan miles de millones de pesos reclamados, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones.
¿Persecución política?
Esa palabra no puede convertirse en un salvoconducto.
Si García Cabeza de Vaca considera que las acusaciones son falsas, tiene derecho a demostrarlo ante las autoridades.
¿A qué hora y cuándo viene a México a probar su inocencia?
Y si considera que existe persecución política, también tiene derecho a denunciarla y aportar las pruebas correspondientes.
Pero tampoco puede pretender que las denuncias desaparezcan simplemente porque quien las presenta pertenece a otro partido.
La justicia no puede funcionar así.
El verdadero juicio debe ser el de los documentos, pruebas. Necesita expedientes abiertos, auditorías completas, contratos, licitaciones, facturas, cuentas bancarias, nombres de responsables y resoluciones judiciales.
Se necesita saber qué pasó con cada peso.
Si las pruebas demuestran corrupción, nadie debe quedar protegido por su cargo, su partido, sus relaciones políticas o su residencia fuera del país.
Porque finalmente el asunto no es Humberto Prieto contra Cabeza de Vaca.
Tampoco es Morena contra el PAN.
El asunto es Tamaulipas contra la corrupción.
Y en esa batalla no debería haber colores partidistas.
Hay algo mucho más sencillo: el dinero era y es de los tamaulipecos.
Quien lo administró debe responder por él, verbigracia Cabeza de Vaca y sea quien sea, debe enfrentar las consecuencias.
Porque una cosa es ser inocente hasta que se demuestre lo contrario; otra muy distinta es pretender que las denuncias, auditorías y procesos judiciales nunca existieron.
Los documentos están ahí.
Ahora corresponde a las autoridades llegar hasta el final.
Y a los ciudadanos, no dejar de preguntar:
¿Dónde quedó nuestro dinero? ¿Por qué hasta hoy mismo no se han podido encarcelar a Monroy, Abdalá, Gloria Molina, Cecilia del Alto, y claro a su jefe: Cabeza de Vaca…? ¿Por qué?
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la Fiscalía Anticorrupción; la de Relaciones exteriores, Fiscalía General de la República, la 4T, nos siguen debiendo a las y los tamaulipecos.
Si Cabeza de Vaca quiere contender por la presidencia de México, tendría que venir a encarar la justicia en México y en Tamaulipas. Sino solo es el payaso favorito de las agencias estadounidenses contra la 4T.
Desde Mi Trinchera…