Por: Redacción
MONTERREY, Nuevo León.- La entrada en vigor del nuevo Pase Turístico para vehículos con placas de otras entidades abrió un debate jurídico sobre sus posibles implicaciones para el derecho constitucional al libre tránsito, debido a que los automovilistas foráneos deberán obtener un permiso para circular en Nuevo León y éste tendrá una vigencia máxima de 30 días al año.
El Instituto de Control Vehicular (ICV) publicó el pasado 4 de septiembre los lineamientos para la implementación del programa, que será obligatorio a partir del 21 de octubre de 2026. El trámite será gratuito y se realizará en línea; los conductores deberán proporcionar, entre otros documentos, tarjeta de circulación, licencia vigente y póliza de seguro.
La medida genera cuestionamientos a partir del artículo 11 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a entrar, salir y transitar por el territorio nacional. Sin embargo, el Gobierno de Nuevo León sostiene que el Pase Turístico no pretende impedir la circulación, sino establecer un mecanismo de registro y control vehicular. De hecho, la reforma al artículo 5 Bis de la Ley de Movilidad estatal señala expresamente que el Estado garantizará el libre tránsito de vehículos foráneos mediante la expedición de este permiso.
El punto que podría generar mayor controversia jurídica es el límite de 30 días por año. La legislación establece que quienes necesiten permanecer más tiempo deberán tramitar un Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP).
Por ello, especialistas podrían cuestionar ante tribunales si la obligación de obtener un permiso y limitar su vigencia constituye una restricción proporcional y razonable al derecho de tránsito, particularmente cuando se trata de vehículos registrados legalmente en otra entidad federativa.
Por ahora, no existe una resolución judicial que haya declarado inconstitucional el Pase Turístico. Su constitucionalidad podría ser analizada mediante juicios de amparo si algún particular considera que la medida afecta sus derechos.
El Gobierno estatal, por su parte, defiende el mecanismo como una herramienta para mejorar el control vehicular, la seguridad y la certeza administrativa, y recalca que el trámite será gratuito