Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Los diputados locales de la LXVI Legislatura fueron electos para cumplir un período constitucional de tres años. Sin embargo, desde antes de iniciar su tercer tercio (el día primero próximo pasado) la mayoría se ha distraído y lo sigue haciendo con el tema electoral.
Hay quienes codician encaramarse en el Congreso de la Unión y otros en las alcaldías.
Cualquier intención de crecimiento personal o política, es válida, cierto, aun cuando los aludidos se hayan comprometido ante sus propios votantes a cumplir su función (cabalmente) –la ley se los permite–, pero lo discutible es que se valgan del cargo para brincar a otro, dejando pendiente el trabajo legislativo.
Sobre todo, cuando ejercen en conjunto $ 466 millones 406 mil 867.83 y poco han hecho en beneficio poblacional.
Hay gastos legislativos justificables, ciertamente, por ser una inversión en ‘beneficio’ de la sociedad. Pero algunos terminan convirtiéndose en una carga con cargo a los impuestos, por la opacidad con que se manejan.
Lo comento porque, en México, existen mil 123 diputados que integran los congresos de las 32 entidades federativas (del país) –incluida la Ciudad de México– que, cada año, le significan un gasto aproximado de 20 mil 538 millones de pesos al erario –alrededor de 56.3 millones de pesos al día–. Y lo más lamentable es que los diputados poco producen.
La cifra no es menor. Y menos, todavía, cuando se observa que (en no pocas ocasiones) el ciudadano tiene la impresión de que esos recursos son desviados para mantener estructuras políticas federales y/o estatales.
En teoría, un diputado local debería representar los intereses de sus electores, fiscalizar al Poder Ejecutivo, revisar rigurosamente el ejercicio del presupuesto, proponer leyes útiles y convertirse en contrapeso del gobierno en turno.
Pero en la práctica, sin embargo, no siempre ocurre así.
Muchas veces, el Congreso local termina convertido en una extensión del Poder Ejecutivo –particularmente cuando la mayoría legislativa tiene la misma pertenencia partidista–, y es precisamente cuando el debate pierde fuerza y la oposición se reduce a una expresión testimonial y las iniciativas que realmente importan terminan aprobándose en automático.
Esto, desde luego, también cuesta. Y es un gasto que no parece tener medida.
Lo más cuestionable es que el costo de los congresos locales no tiene una proporción razonable entre las 32 entidades, incluyendo a la CdMx.
Hay ejemplos que resultan difíciles de explicar a la cámara baja que se encargó de aprobar el presupuesto federal como a los congresos locales al fijar montos desiguales para sus legislaturas.
En Baja California, cada uno de sus 25 diputados representa un costo anual de alrededor de 34.8 millones de pesos, entre dietas y recursos para asistencia social.
Pero en Guerrero, en cambio sus 46 legisladores, en conjunto, apenas reciben cerca de 17 millones de pesos por los mismos conceptos.
¿Por qué semejante diferencia?
¿Quién determina cuánto vale un diputado en una entidad y cuánto en otra?
¿Con qué criterios se establecen las dietas, compensaciones, apoyos, prerrogativas y demás recursos que reciben?
¿Y dónde está la justificación cuando los resultados legislativos y de fiscalización no parecen corresponder con el tamaño de los presupuestos?
Hace tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso el dedo en la llaga al plantear la posibilidad de homologar las partidas presupuestarias tomando en consideración las circunstancias particulares de cada estado.
La propuesta, sin embargo, no prosperó.
Los intereses políticos, terminaron imponiéndose. Como suele suceder cuando se pretende tocar privilegios de quienes deciden sobre los recursos públicos, pues cuando se trata de bajar gastos, todos hablan de austeridad. Pero cuando se trata de tocar los beneficios propios, esa austeridad parece tener otros destinatarios.
Tamaulipas no es la excepción.
Sin embargo, decir que existe austeridad, no necesariamente significa que exista un Congreso austero, eficiente y verdaderamente útil.
Son cosas distintas, porque el ciudadano tamaulipeco no solamente tiene derecho a saber cuánto cuesta su Congreso; también tiene derecho a saber qué obtiene a cambio.
¿Cuántas leyes aprobadas han cambiado realmente la vida de los tamaulipecos?
¿Cuántas iniciativas han servido para resolver problemas de seguridad y salud, educación, infraestructura, transporte, agua, agropecuarios, trabajo y desarrollo económico?
Otras: ¿Qué investigaciones legislativas se han concretado para que los saqueadores de las arcas públicas paguen por sus ilícitos? ¿Y cuando los diputados locales han ejercido realmente su función de contrapeso ante el Poder Ejecutivo?
El problema se vuelve todavía más grave cuando el diputado atiende como obligación principal atender la línea política marcada por su bancada. Y si nunca contradice al Ejecutivo, no significa un verdadero contrapeso.
De cualquier forma, por calles y avenidas pululan diputados locales en su placeo electoral.
Y, que conste, me refiero a los integrantes de todos los membretes.
Correo: jusam_gg@hotmail