Por María Jaramillo Alanís
La iniciativa de ley que propusieran las y los diputados del Congreso local para sacar de las oficinas públicas, incluidos hospitales, centros de salud, los refrescos, bebidas energizantes y alimentos con alto contenido calórico suena, en principio, como una medida encaminada a promover hábitos más saludables entre los trabajadores del gobierno de Tamaulipas, diversas dependencias y Organismos Públicos Descentralizados.
Pero sí se pretende que la iniciativa sea realmente integral, habría que preguntar: ¿qué habrá en su lugar?
Porque retirar la comida chatarra de las máquinas expendedoras, cafeterías y establecimientos dentro de las dependencias públicas no necesariamente significa que los trabajadores comenzarán a alimentarse mejor. Si no existen opciones saludables, accesibles y a precios razonables, el empleado simplemente puede comprar esos mismos productos fuera de su centro de trabajo.
La propuesta presentada por la diputada morenista, Francisca Castro Armenta, plantea adicionar el artículo 64 a la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas, con restricciones a la venta, distribución, suministro o donación de bebidas azucaradas, energizantes y alimentos de alto contenido calórico en instituciones públicas y de salud.
La intención es combatir problemas como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, padecimientos que representan un importante reto para la salud pública.
Sin embargo, aquí aparece una segunda pregunta que debería formar parte de la discusión legislativa: ¿por qué no acompañar la prohibición con una verdadera política de alimentación saludable para los trabajadores del Gobierno estatal?
Y esto adquiere mayor relevancia cuando se habla de una población laboral considerable. Los trabajadores de base suman más de 15 mil, mientras que, al considerar al conjunto de trabajadores de las distintas dependencias, organismos y OPD’s, la cifra alcanza casi 80 mil empleados en todo el estado.
Es decir, no estamos hablando de una medida menor ni de un grupo reducido. Si se quieren modificar los hábitos alimenticios de esta población, la estrategia debería ir mucho más allá de retirar refrescos y frituras.
¿Por qué no establecer, por ejemplo, menús saludables y accesibles en las cafeterías de las dependencias públicas, acompañados de orientación nutricional?
Y todavía más: ¿por qué no contemplar dietas individualizadas para los trabajadores que ya padecen diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, problemas renales u otras condiciones que requieren una alimentación específica?
No todos los trabajadores tienen las mismas necesidades nutricionales.
Una persona sana no requiere necesariamente la misma alimentación que un empleado con diabetes o hipertensión. Tampoco quien tiene restricciones alimentarias por una enfermedad renal puede recibir exactamente el mismo menú que el resto de la plantilla laboral.
Por eso, si el Congreso plantea convertir las oficinas y centros de trabajo en espacios que promuevan la salud, la iniciativa podría complementarse con valoraciones nutricionales periódicas y programas de alimentación diseñados de acuerdo con las condiciones particulares de cada trabajador, siempre bajo supervisión profesional y respetando la privacidad de su información médica.
De poco serviría quitar el refresco de la máquina expendedora si a la hora de la comida el trabajador no encuentra una alternativa saludable, o si esa alternativa cuesta considerablemente más que una comida de bajo valor nutricional.
La prevención también implica facilitar que la gente pueda tomar mejores decisiones.
Además, sería importante conocer quién absorberá el costo de esta transformación. ¿Las dependencias subsidiarán alimentos saludables? ¿Se establecerán precios preferenciales? ¿Habrá convenios con nutriólogos? ¿Se realizarán campañas permanentes de educación alimentaria? ¿Cómo se supervisará la calidad de los alimentos que se ofrezcan?
Son preguntas que necesariamente tendrán que responderse si la iniciativa avanza.
La propuesta de retirar la comida chatarra puede ser solamente el primer paso, pero no debería convertirse en una política de prohibiciones aisladas.
Si realmente se pretenden combatir la obesidad, la diabetes y otros padecimientos asociados con la alimentación, entonces habrá que ofrecer alternativas concretas a los trabajadores.
Porque quitar lo malo sin ofrecer lo bueno deja incompleta cualquier política de prevención en salud.
Y si la medida pretende alcanzar a casi 80 mil trabajadores de Tamaulipas, sería una oportunidad para que Tamaulipas sea ejemplo y pase de simplemente decirle al empleado “esto no puedes comer” a decirle también “esto puedes comer, esto te conviene y nosotros te ayudamos a hacerlo posible”.
Ahí estaría, quizá, la diferencia entre una simple prohibición y una verdadera política de salud laboral.
Remedios a medias, no por fi…
Desde Mi Trinchera…