Por María Jaramillo Alanís
La justicia suele aplicarse con los ojos cerrados. Pero hay ocasiones en que, además de no ver, tampoco escucha, no comprende y parece tener un precio: un fajo de billetes por debajo de la mesa o una recomendación que abre puertas que para los demás permanecen cerradas. En ese terreno, hay jueces y ministerios públicos que parecen entender mejor las reglas no escritas del poder que el verdadero sentido de la justicia.
Y si para muchas personas acceder a ella ya representa un camino complicado, para quienes viven con alguna discapacidad las barreras pueden multiplicarse. No se trata de un asunto menor ni de una concesión de las autoridades: hablamos de derechos humanos, de dignidad y de la posibilidad de ser escuchados, comprendidos y tratados en condiciones de igualdad.
Por eso resulta tan importante que la justicia incorpore una auténtica perspectiva de discapacidad. No basta con conocer la ley ni con leer un protocolo; es indispensable comprender que cada persona tiene necesidades, formas de comunicación y circunstancias distintas, y que el sistema debe adaptarse para garantizar su participación plena y efectiva.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 1, establece que la discapacidad surge de la interacción entre las condiciones de una persona y las barreras que encuentra en su entorno. En otras palabras, no es únicamente una condición física, mental, intelectual o sensorial: también es consecuencia de una sociedad y unas instituciones que, demasiadas veces, no están preparadas para reconocer la diversidad humana.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad coincide con esta visión. Ambas disposiciones obligan a mirar más allá de la condición individual y a reconocer las barreras sociales, institucionales y de comunicación que impiden el ejercicio pleno de los derechos.
Sin embargo, hay una pregunta que no puede esquivarse: ¿cómo garantizar una justicia verdaderamente incluyente si quienes tienen la responsabilidad de impartirla no cuentan con la preparación, la sensibilidad o las herramientas necesarias para comprender las realidades de las personas con discapacidad?
Porque una cosa es ordenar que se juzgue con perspectiva de discapacidad y otra muy distinta es llevar ese principio a la práctica. La empatía no se decreta, aunque sí puede cultivarse mediante la capacitación, el contacto con las personas, la escucha y el compromiso de reconocer sus derechos. Nadie necesita tener una discapacidad para actuar con sensibilidad, pero sí debe estar dispuesto a aprender, a escuchar y a abandonar los prejuicios.
En ese contexto, merece atención la aprobación, por parte del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, de un protocolo orientado a fortalecer la atención y el acceso efectivo a la justicia de niñas, niños y adolescentes autistas y neurodivergentes que participen en procedimientos judiciales.
La medida busca establecer criterios y buenas prácticas para generar condiciones más accesibles durante los procesos, considerando las distintas necesidades de comunicación, interacción y adaptación. Su elaboración contó con la participación de magistradas y magistrados, personal del Poder Judicial estatal y especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
La iniciativa parte de una necesidad real: una niña, un niño o un adolescente autista no siempre se comunica, procesa la información o responde a una situación de la misma manera que otras personas. Eso no significa que su testimonio, sus necesidades o sus derechos valgan menos. Significa que las autoridades deben contar con los conocimientos y los recursos para escucharles y atenderles adecuadamente, sin forzarles a encajar en procedimientos que no consideran sus circunstancias.
Por ello, la aprobación del protocolo merece reconocerse como un paso institucional. Pero el verdadero reto comienza ahora: convertir sus disposiciones en prácticas cotidianas y evitar que termine archivado, convertido en un documento más que se presume en los informes oficiales mientras las personas siguen enfrentando obstáculos para obtener justicia.
Y aquí es donde la realidad tamaulipeca obliga a formular otras preguntas.
¿Quiénes aplicarán el protocolo? ¿Con qué capacitación, personal y recursos? ¿Cómo se garantizará que ministerios públicos, jueces, policías y demás operadores del sistema comprendan las necesidades de las personas autistas y neurodivergentes? ¿Qué mecanismos permitirán verificar que las medidas se cumplen y que las familias reciben una atención digna?
Las dudas no surgen de un afán de descalificar una iniciativa, sino de la necesidad de que funcione. Basta acudir a una institución pública y preguntar por algún trámite o servicio para advertir, en ocasiones, las dificultades que enfrenta la ciudadanía: personal insuficiente, largas esperas, falta de orientación y respuestas que no siempre resuelven los problemas. Si esas carencias afectan a cualquier persona, imaginemos lo que pueden representar para una niña o un niño que requiere condiciones específicas de comunicación, comprensión y acompañamiento.
La justicia incluyente no puede depender de la buena voluntad de un funcionario ni de que una familia tenga que insistir una y otra vez para ser atendida. Mucho menos de contar con influencias, recursos económicos o contactos para conseguir que alguien escuche su caso.
Las personas con discapacidad y sus familias no deberían tener que librar una batalla adicional para que se reconozcan sus derechos. Acudir ante una autoridad ya puede ser una experiencia difícil; hacerlo en un entorno que no comprende sus necesidades puede convertirse en una forma más de exclusión.
Por eso, el Poder Judicial debe acompañar la aprobación del protocolo con capacitación permanente, personal suficiente, ajustes razonables, mecanismos de seguimiento y canales accesibles para denunciar incumplimientos. También debe escuchar a las propias personas con discapacidad y a sus familias, porque nadie conoce mejor las barreras que quienes tienen que enfrentarlas todos los días.
No se trata de pedir privilegios. Se trata de garantizar igualdad de oportunidades para acceder a la justicia. De entender que brindar un trato idéntico a todas las personas no siempre significa tratarlas justamente, cuando algunas necesitan apoyos o ajustes para ejercer los mismos derechos.
La justicia no puede seguir con los ojos cerrados ante estas realidades. Tampoco puede conformarse con aprobar protocolos y anunciar avances si no existe la voluntad de llevarlos hasta los juzgados, las agencias del Ministerio Público y cada espacio donde una persona busca protección.
Porque detrás de cada expediente hay una vida, una familia, una historia y derechos que merecen ser respetados. Y cuando se trata de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la responsabilidad institucional es todavía mayor: están en juego su dignidad, su seguridad y la posibilidad de crecer sabiendo que la justicia también existe para ellos.
El protocolo ya está aprobado; ahora falta demostrar que la justicia puede abrir los ojos, aprender a escuchar y actuar con humanidad.
Confiemos en que así suceda.
Desde Mi Trinchera…