Por: Redacción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó a 40 objetivos, entre ellos 25 personas y 15 empresas, presuntamente vinculados con proveedores de material electoral. Entre las personas señaladas figuran Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y José Alfredo Hernández Casillas, contratista electoral, así como algunos de sus socios, de acuerdo con una fuente con acceso a la Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia informó que, tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine posibles responsabilidades. Sin embargo, aclaró que el bloqueo es una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una declaración definitiva de culpabilidad y los involucrados conservan su derecho de defensa y garantía de audiencia.
El caso se relaciona con señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos de proveeduría electoral. El pasado viernes, Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y exresponsable de la UIF, confirmó el bloqueo de empresas que, según dijo, operaban como intermediarias sin contar con infraestructura industrial propia. Ese mismo día, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló que cinco compañías vinculadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales entre 2014 y 2025.
Entre las empresas identificadas están Cajas Graff, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Seriplast, relacionadas, según las investigaciones del OIC, con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Cajas Graff obtuvo contratos por más de mil 72 millones de pesos con organismos locales y otros 198 millones con el INE, mientras que Formas Finas recibió asignaciones por 815 millones 961 mil pesos. La FGR deberá esclarecer las operaciones y determinar si existen responsabilidades legales.