Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan para atender la crisis institucional derivada de los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, que incluye solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente de todas las compras, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026.
Entre las medidas también se contempla contratar una auditoría externa, habilitar un buzón para recibir denuncias anónimas y revisar los mecanismos de contratación para reducir las adjudicaciones directas y posibles conflictos de interés. Los consejeros buscan identificar las circunstancias que permitieron las presuntas irregularidades y fortalecer los controles administrativos del organismo.
Durante la sesión, consejeros y representantes partidistas coincidieron en que la renuncia de Taddei no debe cerrar el caso y exigieron investigar los contratos y pagos a proveedores presuntamente favorecidos, así como deslindar responsabilidades. La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, aseguró que habrá transparencia y colaboración con las autoridades encargadas de las investigaciones.