Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El triunfo del Partido Demócrata en la elección para renovar la tercera parte del Senado y la Cámara de Representantes, ciertamente significa un revés para el presidente Donald John Trump, en la segunda mitad de su ejercicio, porque estará obligado a modificar su estrategia política y económica.
Para la relación bilateral y los intereses de México, el nuevo Congreso estadunidense que será controlado por el Partido Demócrata no se clasifica simplemente como bueno o malo, sino que representa un cambio profundo de prioridades, que ofrecería tanto ventajas estratégicas como importantes desafíos regulatorios.
Algunos analistas en relaciones internacionales dividen tal impacto en dos vertientes:
1) Como ventajas, estiman un freno a medidas unilaterales extremas, porque un congreso demócrata actuaría como un contrapeso institucional frente a las propuestas republicanas más radicales, como las amenazas de intervenciones militares unilaterales contra los cárteles en nuestro territorio o la designación de estos como organizaciones terroristas extranjeras.
Tradicionalmente, los congresos liderados por el Partido Demócrata en Estados Unidos no han adoptado una postura de enemistad abierta o de ‘estar en contra’ de México, sino que han optado por una ejercer dinámicas de presión institucional, de una fiscalización estricta y fricciones en temas comerciales, laborales, ambientales y migratorios.
En cuanto a la corresponsabilidad en seguridad, en lugar de centrarse únicamente en el despliegue militar y la construcción de muros fronterizos, los demócratas tienden a reconocer (de manera pública) que el consumo interno de drogas en su país, como el tráfico ilegal de armas hacia el sur, son factores clave en la crisis de seguridad de la región.
Habría igual certidumbre institucional y diplomática, puesto que los legisladores demócratas prefieren resolver los diferendos a través de canales diplomáticos tradicionales, comisiones bilaterales y los mecanismos establecidos en tratados internacionales, evitando la diplomacia de confrontación o las amenazas imprevistas de aranceles masivos.
Y, sobre los desafíos, advierten que habría un escrutinio estricto en el tratado comercial (T-MEC), ya que los demócratas mantienen un vínculo histórico muy estrecho con sindicatos estadounidenses. Por ello, ejercen una supervisión sumamente rigurosa y activa sobre México en materia de derechos laborales, libertad sindical, salarios mínimos y cumplimiento de regulaciones ambientales en las fábricas mexicanas.
También, los congresistas demócratas suelen presionar con firmeza si consideran que las decisiones soberanas de México (como las reformas al poder judicial, las políticas energéticas o la autonomía de los reguladores económicos) vulneran la certeza jurídica de empresas estadounidenses o afectan los compromisos de transición hacia energías limpias.
Sin embargo, se prevé continuidad de la presión migratoria y sobre el combate al fentanilo.
Para México, entonces, un Congreso demócrata ofrecería una mayor estabilidad institucional y respeto a la soberanía, pero, a cambio, exige un cumplimiento exhaustivo, minucioso y auditable de las reglas del juego comerciales, ambientales y laborales.
Así ha quedado demostrado históricamente, pues durante la gestión presidencial de Joseph Robinette Biden Jr. hubo fricciones entre México y la Unión Americana durante las negociaciones del T-MEC, al considerar la parte estadounidense que la reforma energética violaba los acuerdos. Pero además, exigieron una aplicación sumamente rigurosa de los paneles laborales del tratado para auditar la libertad sindical dentro de las fábricas de México.
A nivel político, la postura demócrata hacia México no se traduce en bloqueos o agresiones territoriales, sino en lo que los especialistas denominan ‘presión regulatoria e institucional’. Y es que mientras que los republicanos suelen focalizar su presión en la seguridad fronteriza directa y los aranceles, los congresistas demócratas centran sus exigencias en la política interna de México, sobre el cumplimiento de normas laborales, el respeto al Estado de derecho, la ecología y el control del tráfico de fentanilo.
Los últimos tres presidentes demócratas –William Jefferson Clinton, Barack Hussein Obama II y Joe Biden–, no adoptaron formalmente una postura ‘enemiga’ ni de guerra abierta contra México –como ocurrió en el siglo XIX–, pero sí implementaron políticas migratorias, comerciales y de seguridad fuertemente restrictivas que generaron serias tensiones y afectaciones directas para el país y sus ciudadanos.
Los tres también coincidieron en endurecer la política migratoria y una mayor vigilancia fronteriza para frenar el paso de indocumentados.
En fin, habrá que esperar los primeros discursos que pronunciarán los demócratas a partir del 3 de enero próximo, cuando tomen posesión de sus cargos, para saber cuál es su postura frente a México.
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