Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- Tras la muerte de la niña Aranza, en Matamoros, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, defendió la confiabilidad de las evaluaciones que se llevan a cabo mediante los exámenes de control y confianza, pero reconoció que no pueden anticipar todas las reacciones de una persona ante situaciones de estrés o decisiones cruciales.
Al reavivarse las preguntas sobre las decisiones de los elementos de la Guardia Estatal que viajaban en el helicóptero involucrado en los hechos y sobre el alcance de los exámenes de control y confianza., dijo; “los exámenes de control de confianza no tienen falla, por así decirlo, tienen un margen muy mínimo de error. Lo que puede variar siempre es la conducta humana, que está sujeta a estrés, a cambios, a mucha toma de decisiones en momentos cruciales”, declaró.
Explicó que la evaluación comprende distintas materias, entre ellas polígrafo, pruebas psicométricas y psicológicas, así como el análisis del entorno social. Según señaló, esos componentes ofrecen información para valorar si el perfil de una persona es adecuado para una función pública, pero no garantizan cómo actuará en cada circunstancia durante el servicio.
Consultado sobre si los tripulantes del helicóptero podrían ser reevaluados, Zúñiga respondió que la decisión dependerá del titular de la dependencia, aunque no descartó esa posibilidad.
“Todos, en cualquier momento, podemos ser llamados a una evaluación complementaria o sustitutiva”, afirmó. Agregó que los elementos pueden ser convocados nuevamente incluso antes de que les corresponda una evaluación periódica, según las circunstancias y el criterio de las autoridades responsables.
El funcionario indicó que alrededor del 90 por ciento del estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública está evaluado. También mencionó que hay cerca de 200 elementos con resultados no aprobatorios, acumulados entre el año en curso y periodos anteriores; esos casos, dijo, se remiten a las áreas correspondientes para determinar las medidas administrativas.