¡IMSS SOTO LA MARINA, UN POLVORÍN! 

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¡IMSS SOTO LA MARINA, UN POLVO¡ TRABAJADORES DENUNCIAN AMENAZAS, VENTA DE PLAZAS E INJERENCIA DE GLYNNIS

 

Una crisis laboral con implicaciones políticas amenaza con estallar en el Hospital Rural del IMSS-Bienestar de Soto la Marina, donde más de 130 trabajadores denuncian amenazas, hostigamiento, presuntos abusos de autoridad y una posible red de intermediación para la asignación de plazas a cambio de cantidades que alcanzarían los 150 mil pesos.

Los trabajadores, que aseguran haber agotado distintas instancias sin obtener una solución, advierten que el conflicto acumula más de cinco meses y ha llegado a un punto crítico. Además de temer por sus empleos y el sustento de sus familias, afirman recibir amenazas que atribuyen a supuestos integrantes del crimen organizado.

En el centro de los señalamientos se encuentran Guadalupe Guevara Díaz, encargada del despacho de la Dirección del hospital, y su esposo, Adolfo Flores García, jefe de Enfermería, a quienes los inconformes responsabilizan de decisiones arbitrarias, presiones laborales y presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, además del nepotismo.

Pero la controversia ha adquirido una dimensión política por la intervención de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, cuya relación personal y política con ambos directivos inició cuando fueron funcionarios municipales (ella como directora de Salud y el marido como coordinador de Protección Civil), antes de su incorporación al IMSS.

Los denunciantes sostienen que la presidenta municipal ha intervenido en asuntos internos de una institución federal, incluso en decisiones operativas que no corresponden a sus atribuciones. Entre los episodios que refieren está un presunto intento de dar instrucciones a elementos del sector naval para ingresar al área de quirófano del hospital, indicación que, aseguran, no fue atendida por los marinos a pesar de la insistencia de Jiménez.

La relación entre los personajes involucrados tiene antecedentes también políticos, puesto que Guevara es suplente de Jiménez Vázquez y ambas aparecieron juntas en la boleta electoral.

Aunque estos antecedentes no acreditan por sí mismos una actuación irregular, los trabajadores consideran que sí hay conflicto de interés, pues reciben órdenes hasta de la alcaldesa, por lo que pidieron la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, del director general del IMSS, Zoé Robledo y de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

 

DOCE PLAZAS Y PRESUNTOS COBROS DE HASTA 150 MIL PESOS

Uno de los señalamientos más delicados apunta a una presunta comercialización de plazas dentro del Instituto. De acuerdo con los testimonios recabados, existirían intermediarios que ofrecen gestionar ingresos al IMSS a cambio de cantidades de hasta 150 mil pesos.

La denuncia tomó mayor fuerza luego de que Adolfo Flores anunciara la incorporación de 12 trabajadores a partir de enero, seis de ellos en plazas de Enfermería General, cuya asignación, aseguran los inconformes, estaría prácticamente definida.

La inconformidad radica en que, mientras se anuncian nuevas contrataciones con este tipo de irregularidades, trabajadores de base llevan cinco y seis años esperando promociones de nivel. Incluso hay familias con integrantes que acumulan entre 15 y 18 años de servicio sin haber tenido oportunidad de concursar por una plaza.

Los trabajadores cuestionan dónde se publicó la convocatoria, cuáles fueron los criterios de selección y quién autorizó los ingresos que ya aparecen en el sistema de recursos humanos del IMSS.

También identifican a Rosy García Guerra, quien presuntamente labora en la Delegación del IMSS en La Loma, Ciudad Victoria, como una posible intermediaria en la recepción de documentos y gestiones para facilitar y concretar las contrataciones. Los denunciantes le atribuyen la recepción de dinero relacionado con estos trámites, señalamiento que deberá ser investigado y esclarecido por las autoridades.

UN AUDIO Y REGISTROS QUE EXIGEN INVESTIGACIÓN

Como parte de las pruebas que aseguran tener, los trabajadores refieren capturas de pantalla, documentos y una nota de voz relacionada con Bryan Abel Martínez García, identificado por ellos como uno de los beneficiarios de las nuevas plazas.

En la grabación, cuya autenticidad y contexto requieren verificación, la persona expresa preocupación por la posible difusión de una fotografía suya con su nombre, pero también manifiesta confianza en que su ingreso ya es conocido: «ya todos saben que vamos a entrar».

Los inconformes sostienen que el nombre del señalado aparece en la plataforma de registro de trabajadores del Instituto, con datos de una adscripción al Hospital de Soto la Marina, en la categoría de Licenciatura en Enfermería.

El registro que dicen haber obtenido contiene información de matrícula, turno y jornada laboral. Aunque el audio no demuestra por sí mismo que haya existido un pago ni acredita la compra de una plaza. Los trabajadores exigen que se investigue junto con los documentos y mensajes que aseguran haber entregado.

AMENAZAS, VIGILANCIA Y AUSENCIA DE RESPUESTA SINDICAL

A las acusaciones por las plazas se suma un ambiente laboral que los denunciantes describen como intimidatorio.

Cinco testimonios recabados refieren presiones, amenazas y temor a represalias contra quienes cuestionan las decisiones de la administración. También aseguran que se instalaron cámaras con grabación de audio y video ajenas al sistema institucional del hospital y que se han colocado candados en puertas, situación que, según el personal, dificulta el acceso y la salida de los trabajadores.

Las inconformidades fueron notificadas a las secciones X y XIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. No obstante, los empleados reprochan que la representación sindical se haya limitado a registrar las denuncias y realizar reuniones sin conseguir que se investiguen los hechos ni que se garantice la protección de la base trabajadora.

Los trabajadores sostienen que el conflicto lleva más de cinco meses y cuestionan que, pese a las reuniones celebradas, no exista una respuesta efectiva.

La preocupación alcanza a más de 137 trabajadores del hospital.

EN RIESGO, LA ESTABILIDAD DEL ÚNICO HOSPITAL RURAL DEL MUNICIPIO

El conflicto no se limita a las condiciones laborales. El Hospital Rural representa una pieza fundamental para la atención médica de la población de Soto la Marina, tanto derechohabiente como abierta.

La unidad cuenta con cuatro consultorios de Medicina Familiar y uno de especialidades, donde se atienden pacientes de Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Nutrición, Odontología y Cirugía.

De acuerdo con los testimonios, el área de especialidades recibe entre 25 y 28 pacientes programados diariamente, además de aproximadamente 15 personas sin cita, lo que representa entre 40 y 43 atenciones por jornada.

El personal considera insuficiente la plantilla para cubrir la demanda y señala que, además de sus funciones asistenciales, debe asumir tareas administrativas y de apoyo.

EXIGEN INTERVENCIÓN FEDERAL

Ante la gravedad de los señalamientos, los trabajadores solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; del gobernador Américo Villarreal Anaya; del director general del IMSS, Zoé Robledo, y de las dirigencias sindicales.

Exigen investigar la presunta venta de plazas (que se ha convertido en un escándalo en Soto La Marina), transparentar las 12 contrataciones anunciadas, esclarecer la participación de posibles intermediarios y determinar si existió intervención indebida de autoridades municipales en asuntos del hospital.

También demandan garantías para que ningún trabajador sea despedido, intimidado o castigado por denunciar.

La crisis del IMSS-Bienestar en Soto la Marina ya no puede reducirse a una diferencia administrativa o sindical. Las acusaciones involucran derechos laborales, posibles actos de corrupción, relaciones políticas y la estabilidad de una institución de salud indispensable para el municipio.

Más de 130 trabajadores están exigiendo respuestas. Ahora corresponde a las autoridades federales, los órganos de control y las instancias sindicales esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Las plazas públicas no pueden convertirse en negocio, los derechos laborales no pueden quedar sujetos a relaciones de poder y un hospital federal no puede operar al margen de sus propias normas y estar bajo la autoridad municipal, “es un despropósito”, señalaron al mencionar que la alcaldesa Jiménez sobrepasa todo límite y se maneja con total impunidad.