¿Es posible vivir sin violencia?

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Por María Jaramillo Alanís

Hay preguntas que no deberían dejarnos tranquilos: ¿es posible vivir sin violencia?

La respuesta tendría que ser sencilla: sí. Sin embargo, cuando observamos la realidad de nuestro país, la violencia contra las mujeres, la inseguridad dentro de los hogares, las agresiones cotidianas y la impunidad que acompaña a muchos de estos hechos, resulta inevitable preguntarnos por qué seguimos tan lejos de conseguirlo.

Lo verdaderamente preocupante no es solamente la cantidad de agresiones que se registran, sino la manera en que hemos comenzado a convivir con ellas. Nos indignamos cuando ocurre una tragedia, expresamos solidaridad, exigimos justicia durante algunos días y después la vida continúa, mientras muchas mujeres siguen viviendo con miedo.

¿En qué momento comenzamos a considerar normal lo que nunca debería ser aceptable?

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, ni un problema que pueda reducirse a conflictos de pareja o dificultades familiares. Es una expresión de desigualdad, discriminación y abuso de poder que tiene raíces culturales, sociales e institucionales.

Y Tamaulipas no puede permanecer al margen de esta discusión.

Durante 2024 y 2025 se iniciaron, de acuerdo con las cifras citadas en los registros de incidencia delictiva, 16 mil 329 carpetas de investigación por violencia familiar. Aunque entre ambos años se observa una disminución aproximada del cuatro por ciento, sería un error interpretar esa variación como una solución al problema.

Detrás de cada carpeta existe una situación que merece atención. Y también debemos recordar que no todas las víctimas denuncian, por miedo, dependencia económica, amenazas o desconfianza en las autoridades.

Por eso, las estadísticas oficiales, aunque indispensables, no representan necesariamente la dimensión de la violencia.

Aquí aparece una de las primeras contradicciones que debemos cuestionar: tenemos leyes, programas, instituciones y discursos de protección, pero todavía existen mujeres que no encuentran una respuesta oportuna cuando solicitan ayuda.

¿De qué sirve una medida de protección si no se vigila su cumplimiento? ¿De qué sirve una denuncia si no se investiga con profesionalismo? ¿De qué sirve una institución si la víctima tiene que recorrer oficinas, repetir su historia y enfrentarse a la indiferencia para conseguir atención? El problema no termina en la agresión. También continua, en el peor de los casos, en la falta de respuesta institucional.

Es necesario distinguir entre violencia sistemática y violencia sistémica. La primera se refiere a la repetición de agresiones, intimidaciones y conductas de sometimiento. La segunda tiene que ver con las condiciones culturales, sociales e institucionales que permiten que esas prácticas persistan.

Ambas se retroalimentan.

Cuando se justifica al agresor, se cuestiona a la víctima, se minimizan las amenazas o se considera que lo que ocurre dentro de una familia no debe salir de casa, se fortalece un entorno donde la violencia encuentra protección social.

Y aquí debemos ser claros: la responsabilidad de agredir pertenece a quien ejerce la violencia. Ni el alcohol, ni las drogas, ni los problemas económicos, ni los conflictos familiares justifican una agresión.

Pero tampoco podemos ignorar que la prevención requiere transformar las condiciones que hacen más difícil para una víctima romper el círculo de violencia.

La dependencia económica, la falta de empleo, la ausencia de redes de apoyo y las dificultades para acceder a una vivienda pueden convertirse en obstáculos para abandonar una relación violenta. Por eso, hablar de autonomía económica también es hablar de prevención, libertad y dignidad.

Otro aspecto que no se puede ni debe dejar de lado, es el impacto sobre niñas y niños que crecen en hogares donde los gritos, las amenazas y las agresiones forman parte de la convivencia cotidiana.

No solamente presencian la violencia: pueden aprender a considerarla una forma de relacionarse. Aunque no existe un destino inevitable, la exposición a estos entornos puede afectar su desarrollo emocional y aumentar el riesgo de reproducir patrones violentos.

Por eso, combatir la violencia también significa proteger a las nuevas generaciones.

Ahora bien, ¿qué corresponde hacer a las autoridades?

No basta con anunciar programas ni presentar cifras de atención. Se necesitan presupuestos suficientes, personal especializado, cobertura territorial, refugios accesibles, medidas de protección efectivas, investigaciones oportunas y sentencias que garanticen justicia.

También es indispensable evaluar los resultados. La eficacia de una política pública no debe medirse solamente por el número de reuniones, campañas o servicios anunciados, sino por su capacidad para prevenir agresiones, proteger a las víctimas y evitar que los responsables permanezcan impunes.

Y la sociedad tampoco puede evadir su responsabilidad.

La familia debe educar en igualdad y respeto. Las escuelas deben enseñar a resolver conflictos sin violencia. Los medios de comunicación deben informar sin revictimizar. Las comunidades deben dejar de encubrir agresiones y aprender a reconocer las señales de alerta.

No se trata de convertirnos en jueces de la vida de los demás, sino de entender que ninguna agresión puede justificarse bajo el argumento de que se trata de un problema familiar.

Una sociedad verdaderamente democrática no puede aceptar que una mujer tenga que modificar sus horarios, sus recorridos, su vestimenta o sus actividades por temor a ser agredida. La libertad no puede depender del miedo.

Entonces, ¿es posible vivir sin violencia?

Sí, pero no confundamos esa posibilidad con una promesa ingenua de que algún día desaparecerán todos los conflictos humanos. Las diferencias, las tensiones y los desacuerdos forman parte de la convivencia. Lo que no puede aceptarse es que se resuelvan mediante el sometimiento, la intimidación, el maltrato o la agresión.

Vivir sin violencia significa construir relaciones donde el respeto no sea una excepción; donde la igualdad no sea solamente una disposición legal; donde pedir ayuda no represente una nueva forma de sufrimiento y donde la justicia no llegue demasiado tarde.

Significa exigirle al Estado que cumpla sus obligaciones, pero también revisar nuestras propias conductas, romper silencios, abandonar prejuicios y dejar de justificar aquello que vulnera la dignidad humana.

Porque el verdadero cambio no comienza cuando una autoridad pronuncia un discurso contra la violencia. Comienza cuando las instituciones responden, cuando la sociedad deja de tolerarla y cuando cada persona comprende que nadie tiene derecho a ejercer poder sobre otra mediante el miedo.

No podemos aspirar a una sociedad libre mientras haya mujeres que vivan amenazadas, niñas y niños que crezcan entre agresiones y víctimas que encuentren más obstáculos para obtener justicia que quienes las violentan.

La pregunta ya no es solamente si podemos vivir sin violencia.

La pregunta que debemos hacernos es mucho más incómoda: ¿por qué, teniendo leyes, instituciones, conocimientos y herramientas para combatirla, seguimos permitiendo que se reproduzca?

Tal vez la respuesta comienza por reconocer algo que nos cuesta aceptar: la violencia no se combate únicamente condenándola cuando ocurre, sino impidiendo que encuentre justificaciones, indiferencia e impunidad para continuar.

Una sociedad que se acostumbra a la violencia termina perdiendo su capacidad de indignarse. Y cuando deja de indignarse, comienza a perder también su capacidad de transformarse.

Vivir sin violencia no es un privilegio, una concesión gubernamental ni una aspiración secundaria; es un derecho y una condición indispensable para vivir con libertad, dignidad y justicia.

Desde Mi Trinchera…