La Perra Brava

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Los Hechos / José Inés Figueroa Vitela

Leer la orden del dí­a de la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso Local, celebrada el reciente sábado, llevó una hora y cinco minutos.

Los secretarios de la mesa se alternaron en intervalos ante el cansino trabajo.

Eran 178 resolutivos a desahogar como dictámenes, entre los que dominaban las 166 cuentas públicas de los entes que manejan recursos públicos del estado, correspondientes, todos los del 2016, 13 del 2 mil 15 y uno del 2014.

Con todo y los debates y posicionamientos, las cuentas se resolvieron en menos tiempo de lo que significó la lectura de la orden del dí­a: cosa de veinte minutos.

Pero el “se resolvieron” es un decir, si partimos de que de los 166 estados de resultados, solo 55, la tercera parte, resultaron de aprobarse, pues para los 111 restantes, tras más de un año de actuaciones, sigue habiendo dineros, tantos como 4 mil 500 millones de pesos, sin conocerse legal destino.

Y como “nadie se salva”, ni forma de endosarle cariz polí­tico y electoral al tema.

Empezando por los integrantes de la propia legislatura que votó las cuentas y tienen injerencia directa en la materia.

El diputado coordinador de la primera minorí­a prií­sta, ALEJANDRO ETIENNE LLANO se excusó de incluir en sus expresiones, el tema de la cuenta victorense del 2016, pues en parte del ejercicio él era precisamente el alcalde.

Su compañero REFAEL GONZíLEZ BENAVIDES, en tiempo y forma aclaró que, de los 334 millones de pesos originalmente observados, se solventaron el 99 por ciento de las dudas y solo está por validarse el destino de 851 mil pesos.

Caso emblemático será el de Matamoros, donde las dos hijas del diputado local panista RAMIRO SALAZAR RODRíGUEZ, salen raspadas de la recisión contable.

La exalcaldesa LETICIA SALAZAR VAZQUEZ -quien además en algún tiempo fue relacionada sentimentalmente con el hijo de la también actual diputada de Movimiento

Ciudadano LUPITA BIASI- y la extitular del DIF Municipal, VERí“NICA, de los mismos apellidos.

Una, la primera, que dentro del PAN ha jugado las contras al establishment estatal y la otra, quien jugó como aliada, incluso como candidata en los últimos procesos, a pesar de su consanguí­nea.

En cuanto al Municipio de Matamoros 2015 -la más vieja de las cuentas revisadas-, de enero a septiembre trae un pliego de responsabilidades por 281 millones 200 mil 749.44; y en responsabilidades al órgano de control municipal 19 millones 903 mil 108.84; del 2 mil 15 y el 2 mil 16 trae otros cargos mayores, pero de ellos no se dio detalle en la revisión.

El diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditorí­a Superior del Estado, JOAQUíN HERNíNDEZ CORREA, dijo que las cuentas ya se habí­an entregado a los miembros de la comisión y son de libre acceso en la página oficial, pero estos no las tení­an ni las encontraron… yo tampoco.

De “la tablita”, eso sí­, el Auditor respondió con las cifras que le pidieron.

Por eso se sabe que no solo los alcaldes del pasado sexenio están en el banquillo de los acusados, habida cuenta que en el 2016, tiempo de la mayorí­a de las cuentas desahogadas, aquellos concluyeron en septiembre y de los tres meses restantes del ejercicio -en nueva administración-, en la mayorí­a de los casos, también persisten inconsistencias.

Por ejemplo, en el caso de Altamira, mantiene un pliego de responsabilidades en lo que corresponde del mes de enero a septiembre -cuando fue alcalde el prií­sta ARMANDO Lí“PEZ FLORES- de 5 millones 322 mil y de octubre a diciembre -ya con la panista reelecta ALMA LAURA AMPARíN- de un millón 824 mil.

Asimismo, en pliego de responsabilidades en contralorí­a interna del municipio, de enero a septiembre 36 millones 97 mil y de octubre a diciembre 2 millones 823 mil.

Al Gobierno de EGIDIO TORRE CANTíš, junto con los dos poderes que compartió, le aprobaron sus últimas cuentas públicas del 2 mil 16, pero hay una serie de entidades públicas paraestatales y entes autónomos cuyas cuentas fueron rechazadas.

Ahí­ van incluidos los órganos electorales, instituciones de educación y cultura, así­ como la Unidad de Previsión y Servicios Sociales del Estado, que opera no solo los fondos de pensión y retiro de los trabajadores del gobierno del estado, sino los de los maestros, por una concesión extraña.

Total que las cuentas ya se reprobaron, en una última etapa que llevará a la cárcel a exservidores públicos, si no prueban de una vez por todas el buen uso de los recursos que les confiaron, o de plano los reintegran a la hacienda pública.

Concluida la sesión aquella donde además se formalizó la conversión de IRVING BARRIOS MOJICA de Procurador de Justicia a Fiscal General del Estado, extendiéndole el mandato por siete años más, se declaró concluido el periodo ordinario de sesiones.

La Miscelánea Fiscal del Estado, incluidos otros temas controversiales, como concederle al Estado el derecho a apropiarse de predios y fincas de los que no tenga claro quien sea el dueño o concesionar por 70 millones de pesos mensuales -a pagar a un particular- durante seis años, la complementación de la infraestructura de videovigilancia estatal y su mantenimiento, se quedaron en el tintero, aunque con el dictamen favorable de las comisiones.

La diputación permanente, ya en periodo de receso va a reunirse el miércoles y en el acto convocará a al menos una sesión extraordinaria, para dos dí­as después, a fin de tratar esos temas.

Las cuestiones de los dineros podrí­an llevarse algo más y motivar a los diputados a volver a romper el receso después de las navidades, ante el albur que representan las definiciones del presupuesto federal, ahora en debate dentro del Congreso de la Unión.

El 90 por ciento de los ingresos del Estado provienen precisamente del presupuesto federal y aunque hay fórmulas muy establecidas, la ley fiscal es de orden anual y puede cambiarse a placer de la Cámara Baja, dominada por el partido en la Presidencia, MORENA.

Aunque ya fue planteado para “verse por las buenas” -no a chaleco de ley por lo pronto-, el gobierno de AMLO está viendo el de centralizar de nuevo los servicios de salud; de la contraparte, los gobiernos panistas han planteado la eventualidad de regresarle al Estado, la administración –con todos sus pagos- del sistema educativo.

Solo las nóminas e insumos de educación y salud -que deberí­a ser de mero trámite- representan cerca del 40 por ciento del presupuesto general del Estado, más de 20 mil millones de pesos; ya habrá oportunidad para hablar de implicaciones en ese eventual movimiento.

No es cosa menor.

“Lo voy a tener que pensar, el buscar la diputación”, respondió GLORIA GARZA, la actual Subsecretaria de Derechos Humanos, de la Secretarí­a General de Gobierno, cuándo se le preguntó que si va a levantar la mano para participar en el próximo proceso electoral.

Aunque dijo que hay muchas mujeres que ya están levantando la mano, aún falta mucho, pero aclaró dirí­a sí­, aunque a ella le gusta más arrastrar el lápiz y le mueve más una aspiración para ser Magistrada.

Reunida con mujeres periodistas de la Red de Victoria, la también extitular jurí­dica del PAN estatal, habló de las acciones institucionales a su cargo y de proyecciones polí­ticas.

Sobre su partido -el PAN- rumbo a las elecciones, dijo que el triunfo dependerá de las y los candidatos, por lo que tendrán que sacar las mejores mujeres y hombres para lograr el triunfo.

Y si ella se hace necesaria, “pues bueno”.

Para uno de los distritos victorenses ya se menciona al también subsecretario, pero de Ingresos en Finanzas, ARTURO SOTO ALEMíN.

¿Será su caso el otro?… ¿Y doña TERE AGUILAR GUTIERREZ, actual representante de uno de esos distritos?

El diputado Presidente y coordinador de la bancada panista en la actual legislatura, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, en sus mensajes decembrinos, ya habla de la conclusión de la gestión en septiembre, como puntualizando, no habrá reelección.

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