Se quejan en el INE por recorte y hablan de riesgos en elecciones

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Por Antonio Hernández

El recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) pondrí­a en riesgo los comicios en Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Durango, y Quintana Roo, y ahora las nuevas elecciones en Puebla, así­ como los servicios gratuitos de credencialización, informa el árbitro electoral federal, por lo que analiza la manera de revertir el recorte presupuestal de la federación.

En un comunicado destaca que el recorte no compromete la operación regular de la Institución, si no que imposibilita la realización de las elecciones locales de 2019.

Con dicha reducción serí­a imposible la instalación de 16,124 casillas electorales y la capacitación de 64,496 ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en las elecciones a celebrarse el primer domingo de junio de 2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para lo cual la Institución previó 619 millones de pesos

De la misma manera, se pone en riesgo la continuación de los servicios gratuitos de
credencialización para los más de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos que se prevé requieran este servicio el próximo año.

Además, se compromete el monitoreo total a radio y televisión, una de las garantí­as fundamentales en la equidad de la contienda polí­tico electoral.

Sensibles a la situación económica y social del paí­s, el INE hizo la propuesta de
presupuesto más baja de su historia : 37.4 % real menor al ejercicio presupuestal de este 2018 , y 5 % real menor al presupuesto m s bajo desde su creación

Este presupuesto representa menos de 20 centavos de cada 100 pesos que gastará la federación el próximo año, una vez más, la proporción más baja para la autoridad electoral antes federal (IFE), ahora nacional (INE).

El INE hizo una solicitud por 16,313 millones de pesos, de los cuales 11,347.2
corresponden al presupuesto para la operación del Instituto y 4,965.8 son para el financiamiento público a los partidos polí­ticos.

Por ello, se está analizando que podemos hacer, qué no podemos hacer y a qué ví­as, incluso jurí­dicas se habrá de recurrir para poder defender las atribuciones constitucionales, concluye el comunicado.

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