Ciudad de México. La resolución del juez que ordena liberar inmediatamente a 24 de los inculpados en el caso de Ayotzinapa, es “una muestra de la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país, que huele a podridoâ€, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Al fijar la postura del gobierno federal respecto a dicha resolución judicial, el funcionario dijo que ésta también representa una “afrenta†a las víctimas, a los padres de familia, y a la justicia de nuestro país.
“Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdadâ€, insistió, para señalar que es el momento de hacer cambios profundos al sistema de justicia del país.
Además, refirió que la resolución dictada por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, se realizó a la vieja usanza de “sabadazo y de puenteâ€.
En conferencia en la sede de la Secretaría de Gobernación, Encinas Rodríguez consideró que esta misma resolución “sienta un grave precedenteâ€, otorgando beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, y privilegiando de nueva cuenta el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a acceder a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.
Explicó que el juez Ventura Ramos –del cual no aparece ni una fotografía en el Consejo de la Judicatura Federal- interpretó con mucha laxitud la ley y actuó de manera incongruente, pues mientras avala que hubo tortura para los inculpados, tampoco finca responsables en contra de los presuntos torturadores, dejando también en la impunidad a los funcionarios que la cometieron.
En resumen, dijo, “no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación y a quienes cometieron los delitos, lo que nos obliga a realizar una revisión profunda del actual sistema de justicia, para garantizar el fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación del daño, y las medidas de no repetición de los hechosâ€.
El subsecretario Encinas destacó que la Fiscalía General de la República anunció ya que presentará los recursos y las diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades, entre los cuales están el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
En la víspera, el juez Ventura con sede en Tamaulipas ordenó la liberación absoluta e inmediata de 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
La libertad fue concedida luego de que le fuera negada a la fiscalía especial del caso Ayotzinapa la ampliación del plazo de 10 días naturales que el propio juzgador le había dado para someterlos a los protocolos de Estambul para determinar si habían sido o no sujetos de actos de tortura.