CIUDAD DE Mí‰XICO.
Sólo cuatro de los 31 presuntos integrantes de La Unión detenidos el pasado martes permanecen en prisión.
Esto debido a que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez federal con sede en el Reclusorio Sur, calificó de ilegal la captura de 27 personas al considerar inverosímiles los informes de los policías que participaron en el operativo.
En su resolución, el juzgador señaló que las acciones, realizadas con apoyo de la Marina en inmuebles de Peralvillo y Tepito, fueron fabricadas, además de que se ejerció violencia contra cinco mujeres detenidas ese día.
Delgadillo Padierna ordenó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, iniciar una investigación contra los elementos implicados en las detenciones. Tras conocer lo anterior, el jefe de la Policía capitalina afirmó que la FGR no pudo sustentar las imputaciones por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.
Por más contradicciones que haya, lo asegurado en el lugar demuestra que hay una irregularidad. La FGR no fue capaz de construir carpetas de investigación lo suficientemente fuertesâ€, sostuvo.
Tras calificar de inverosímiles los informes de la policía y encontrar inconsistencias, un juez federal de control ordenó la inmediata libertad para 27 de los 31 detenidos durante un operativo realizado contra La Unión el pasado 22 de octubre.
8Â elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen iniciadas investigaciones a través del área de Asuntos Internos de la dependencia
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, calificó de ilegales las detenciones realizadas en Tepito por elementos de la policía capitalina. Consideró acciones fabricadas y que se ejerció violencia contra cinco detenidas.
Además, el juzgador ordenó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, iniciar una investigación contra los elementos que participaron en el operativo donde se aseguraron armas y más de dos toneladas de mariguana, por el contenido de sus informes homologados, los cuales calificó de inverosímiles.
La Fiscalía General de la República (FGR) buscaba acusar a los 31 detenidos por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, pero solamente sobre cuatro se calificó como legal la detención.
García Harfuch, dijo, a través de su vocería, que la FGR no pudo sustentar las imputaciones.
Por más contradicciones que haya, lo asegurado en el lugar demuestra que hay una irregularidad, la FGR no fue capaz de construir carpetas de investigación lo suficientemente fuertesâ€, dijo.
El operativo, realizado en Peralvillo 15, Peralvillo 33, Fray Bartolomé de las Casas y Jesús Carranza, fue planeado en mesas de trabajo de la Secretaría de Marina, junto con la Procuraduría General de Justicia capitalina.
Fueron desplegados 147 marinos para protección perimetral, 600 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 90 policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia local.
En su momento se señaló que entre los detenidos se encontraban operadores financieros, de logística, distribución y un lugarteniente de El Lunares.
Se aseguraron 2.5 toneladas de mariguana, 20 kilos de cocaína, cuatro kilos de metanfetaminas y 50 kilos de precursor de metanfetamina en dos narcolaboratorios, así como 13 armas cortas, siete largas, mil 520 cartuchos, un lanzagranadas, cinco granadas y 1.5 millones de pesos en efectivo.
SUMAN 10 AGENTES ACUSADOS
En tanto, suman diez elementos de la SSC y de la Procuraduría los investigados por su probable protección a í“scar Andrés Flores Ramírez, El Lunares.
Entre ellos se encuentran ocho agentes de la SSC, quienes han sido identificados y sobre los que se han iniciado investigaciones a través del área de Asuntos Internos, confirmaron fuentes de la dependencia.
Los otros dos imputados son elementos de la PGJ que fueron dados a conocer ayer por Excélsior: el coordinador territorial de la Policía de Investigación (PDI), Juan Tomás Rangel Contreras, quien fue captado llegando en una patrulla a Peralvillo 33 un día antes del operativo, así como Israel ívila Luna, quien acompañó en varias ocasiones a su superior al mismo domicilio en el que fueron encontrados dos narcolaboratorios.
Las personas que sí están sujetas a investigación son aquellas señaladas de dar protección a presuntos integrantes de grupos delictivos con presencia en la ciudadâ€, dijo ayer Ulises Lara, vocero de la PGJ.