Seguridad Pública encabeza lista de quejas: CODHET

 

Por: Arturo Martínez

En la punta de la lista de quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas se encuentra la Policía Estatal Acreditable, en el segundo peldaño la Agencia del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y/o Unidades de Investigación, mientras que en el quinto lugar se observa la Policía Ministerial.
La Presidenta de la CODHET, Olivia Lemus Martínez, refirió que su trabajo es iniciar procedimientos de queja, realizar una investigación exhaustiva y finalmente hacer una recomendación, si hay elementos necesarios suficientes.
La entrevistada, detalló que este año la CODHET ha emitido 14 recomendaciones, de las cuales (no detalló la cifra) algunas han sido para los diferentes rubros de la Secretaría de Seguridad Pública.
Refirió que la ciudadanía en general no sabe que pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos, no como la última puerta, sino como la primera, para afecto de poder atacar de fondo la problemática y no generar un expediente contencioso que se va a tardar cuatro o cinco meses en resolver.
“Creo que si todos sabemos cuáles son nuestros derechos, entonces va a ver menos problemática. También creo que los servidores públicos si saben cuál es su marco jurídico en el cual deben actuar, también va a ver menos violaciones a los derechos humanos”, consideró la entrevistada.

OCHO AÑOS CON 2 MIL QUEJAS SIN RESOLVER

La Presidenta de la CODHET, hizo énfasis en el rezago de quejas que se contabilizaban en la Comisión. Externó que al iniciar su labor como presidenta, en abril del 2018, el rezago institucional era de 2015 quejas pendientes de resolver del año 2010 al 2018.
Sin embargo, sostuvo que al mes de octubre del presente año, se aplicó un programa de abatimiento al rezago y solamente se contabilizan 42 quejas pendientes de resolver de las más de 2 mil que se acumularon en los últimos ocho años. De igual forma, dijo que no se ha permitido el rezago de quejas del 2018 y 2019.
“Durante casi ocho años nadie le metió mano a muchos expedientes, lo que convirtió a un organismo público defensor de derechos humanos, en uno violador de derechos humanos, en el sentido de no aplicar el principio de inmediatez o de economía procesal que debe imperar. Yo creo que faltaba voluntad”, sentenció.

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